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Un documento de la Oficina del Representante de Comercio de ese país critica una norma de 2015 y proyectos de ley que están en el Congreso para ser tratados

El gobierno de Donald Trump continúa atento a la situación de la propiedad intelectual en semillas en la Argentina, entre otros temas de derechos, y, de hecho, identificó esta problemática en un reciente informe oficial.

En un escrito de 74 páginas, llamado "Special 301 Report" (Informe 301), del 1° de junio pasado, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), que interviene en el ámbito del comercio recomendando políticas para el presidente, brinda un panorama sobre diversos problemas de acceso de los Estados Unidos en distintos mercados y, entre otros países, en sus páginas 51 y 52 se detiene sobre la Argentina.

Allí sostiene que "la Argentina continúa presentando desde hace mucho tiempo deficiencias" en la protección y aplicación de la propiedad intelectual. Menciona que la feria La Salada ofrece a la venta mercaderías "falsificadas".

Luego señala que la innovación en industrias, como la química, farmacéutica y de biotecnología, como la que se utiliza aplicada para el agro "enfrenta desafíos". En este punto, en referencia a la biotecnología agrícola avanza en un cuestionamiento a la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que introdujo modificaciones en las directrices de patentamiento.

En opinión del sector industrial, esos cambios durante el gobierno anterior pusieron condiciones más restrictivas en la forma en la cual se reconocen las distintas construcciones genéticas en la biotecnología vegetal. Sobre esto, el informe del USTR señala que "limita también la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas basadas en la materia viva y las sustancias naturales".

 

"Estas medidas han interferido con la capacidad de las empresas que invierten en la Argentina para proteger su IP (propiedad intelectual) y pueden ser incompatibles con las normas internacionales", agrega el reporte oficial.

Una fuente vinculada con la industria semillera coincidió y agregó: "Claramente, este gobierno debería eliminarla si quiere promover inversiones". Hay expectativa por la visita al país, sin fecha por el momento, del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ya que trascendió que estos temas vinculados con el agro estarán en su agenda.

El informe también critica proyectos para modificar la actual ley de semillas. La ley vigente, 20.247, fue sancionada en 1973, cuando la soja apenas existía (376.600 hectáreas, contra las casi 20 millones de hectáreas de hoy) y no había desarrollos de eventos transgénicos en agricultura. Esa norma contempla que el productor pueda hacer sin limitaciones el uso propio, la figura que le permite guardarse como semilla parte de la cosecha para volver a sembrar.

Las empresas insisten que debe limitarse ese uso propio y que se pague. El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto que dice que el productor pagará por la tecnología incorporada en la semilla que se reserve para uso propio durante los tres años siguientes a la compra. A partir del cuarto año deja de pagar, si es que mantiene constante la cantidad de hectáreas sembradas. Deja exentos del pago, entre otros, a los agricultores anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). El sector industrial exige que los pagos deben ser por un plazo mayor.

En tanto, entre otras propuestas, una iniciativa del presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Gilberto Alegre, propone que una sociedad de gestión colectiva público-privada cobre por las regalías y reparta lo recaudado entre las empresas. Vale recordar que en el Congreso hay nueve proyectos por semillas.

Según el USTR, si bien pueden ser "bien intencionados" los proyectos, pueden "afectar negativamente" para que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual. El informe concluye que los Estados Unidos esperan "resultados tangibles, creando así un ambiente más atractivo para la inversión y la innovación". Desde principios de año, entidades del agro y de la industria vienen trabajando en la búsqueda de consensos, entre otros temas, para limitar el uso propio y que se pague.

La pelea por las semillas

21,7 por ciento de los productores declaró haber comprado semilla fiscalizada de soja en la campaña 2015/2016, según el Inase 78,3 por ciento de los agricultores sembró en esa campaña semilla de uso propio

 

Fuente: La Nación

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    La jornada fue un éxito, decenas de personas de todas partes del mundo se unieron al streaming organizado por ASAGA y patrocinado de Desmet Ballestra para actualizarse sobre el Tablero de Control y Balance de Masa en Plantas de Crushing. Destacamos que todas las charlas se dictaron por streaming directo con plena participación de los inscriptos, pero de una manera organizada para evitar ruidos durante las disertaciones.

    El objetivo era conocer los conceptos y estrategias técnicas acerca de cómo implementar un Tablero de Control en una planta de crushing de semillas oleaginosas. KPI, Informes Gerenciales, entre otros puntos. Asimismo, también se dará teoría y práctica sobre Balance de Masas en la industria aceitera. Se trabajará a través de ejemplos prácticos y didácticos que permitan analizar casos concretos de Balance de Masas. Los asistentes de este taller adquirirán herramientas de guía y optimización de sus tareas en planta.

    La coordinación del evento estuvo a cargo del especialista Aníbal Demarco (DESMET BALLESTRA y ASAGA), quien además disertó junto a Renata Carminato (C&L Consultores) y César Lanati (C&L Consultores).

     

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    www.asaga.org.ar

    Tel/Fax: (+54 341) 4391761/4373845

    Fuente: Prensa ASAGA

     
  • Productores de biocombustible se declaran en estado de alerta

    El sector viene operando a la mitad de su capacidad desde fines del 2019.

    El sector de biocombustibles se encuentra en estado de alerta después que los productores aseguraron que permitieron un gran ahorro en importaciones, al rechazar la posibilidad que atribuyen a las petroleras de reducir el corte de las naftas y el diesel, lo que agravaría la caída de producción del sector que opera a la mitad de su capacidad.

    El planteo llegó de manos de la Liga Bioenergética, quienes alertaron por "la gravísima situación que atraviesa la industria de biocombustibles" y que pone en riesgo los 10.000 puestos de trabajo que genera en 10 provincias mediante la industrialización de la producción primaria.

    "La industria de los biocombustibles no está subsidiada, al contrario de otras industrias que necesitan que les garanticen mejores precios que los fijados internacionalmente para hacer inversiones en Argentina", expresó la entidad al resaltar que la actividad "evitó importaciones por más de u$s27.000 millones en el período 2010–2019".

    En ese sentido, los productores plantean que "volver al sistema de exportación primaria del poroto de soja o grano de maíz, además de ser anacrónico, constituye desconocer la importancia del agregado de valor en origen, ya que el país posee el complejo agroexportador más grande y eficiente del mundo que debe ser aprovechado con un desarrollo industrial que aumente los empleos calificados y las inversiones".

    Ante la pretensión de la petroleras de reducir los cortes vigentes del 12% para las naftas y del 10% para el diesel, la Liga Bionergética aseguró que "no se pretende reemplazar" al gas oil o las naftas, sino "complementar" la matriz energética, mediante el aporte de "un combustible de origen vegetal, renovable, menos contaminante y de producción nacional".

    El sector, además, se enfrenta al debate sobre la conveniencia de prorrogar el régimen vigente desde hace más de 10 años para los biocombustibles, y que permitió su desarrollo a través de 54 plantas situadas en 10 provincias (Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta), y genera más de 60.000 fuentes de trabajo, directas e indirectas.

    El sector también da origen o potencia el desarrollo de otras industrias como productores cañeros, complejo aceitero y pequeñas aceiteras a prensa, empresas de transportes, industria metal-mecánica, y el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas al servicio del sector.

    Los biocombustibles constituyen el último eslabón en la cadena de agregado de valor de la soja, maíz y azúcar, y en el caso del bioetanol y el biodiesel pyme, el 100% de su capacidad de producción se destina al mercado interno.

    La capacidad instalada de biodiesel en el país es superior a 4.5 millones de toneladas anuales, y más del 50% se encuentra hoy ociosa.

     

     

 

 

 

 
 

 

 

 


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