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Esta semana hubo novedades desde Estados Unidos y la Unión Europea, los principales mercados argentinos.

Esta semana, la agencia ambiental estadounidense (EPA) comunicó que ponía en consideración un recorte en la cantidad de biodiésel para mezclar con gasoil durante el próximo año y el siguiente. La EPA es el organismo que fija los volúmenes de biocombustibles con que deben cortarse los combustibles fósiles en Estados Unidos, aunque sus decisiones luego deben ser convalidadas por el Congreso.

Los valores habían sido establecidos en julio pasado, por primera vez bajo la administración Trump. El cuerpo había fijado en 2.100 millones de galones (7 millones de toneladas) el volumen de biodiésel para el año 2019, cifra idéntica a la establecida para el 2018 y apenas superior a los 2.000 millones de galones establecidos para el año actual. Este número dejó renga a una industria que esperaba llegar al 2019 a un valor cercano a los 2.700 millones.

El asunto es muy relevante para la Argentina. El año pasado las importaciones de biodiésel en Estados Unidos alcanzaron a cubrir el 30% del volumen total, la mitad abastecida desde nuestros puertos. Luego de la medida adoptada por Trump, imponiendo aranceles exorbitantes a la importación de biodiesel desde Argentina e Indonesia, pareciera que EPA no confía en que los productores americanos puedan alcanzar a cubrir la demanda local de biodiesel.

Pero de llevarse a cabo la reducción, sería un duro golpe para los Estados agrícolas, donde Trump cosechó una importante cantidad de votos. El Gobierno argentino lo sabe y por eso acercó una propuesta para intentar recuperar el mercado aunque sea parcialmente, estableciendo cuotas y precios consensuados entre ambos países.

Mientras esto sucede, del otro lado del Atlántico la reapertura del mercado europeo al biodiésel argentino pegó muy fuerte en la industria del viejo continente. Consideran que llegó en el peor momento: el Parlamento Europeo se encuentra evaluando una propuesta para limitar el uso de biocombustibles convencionales, es decir, aquellos derivados de cultivos tradicionales, al 3.8% para el 2030

Muy lejos quedó el objetivo que Europa había establecido en el año 2009: un uso de un mínimo de 10% de biocombustible para el 2020. La directiva ya había sido modificada en 2015, limitando al 7% la participación de los biocombustibles convencionales. Con una controvertida argumentación, señalaban que la obligatoriedad en el uso de biocombustibles había generado una demanda mayor de granos y oleaginosas, lo que daba origen (y aquí lo inconsistente) a “cambios en el uso del suelo”, que derivarían en mayor aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y mayores precios en los alimentos. Para zafar de la argumentación basada en ciencia, Marie Donnelly -miembro de la Comisión de Energías Renovables del Parlamento Europea- declaró que la propuesta se fundamentó en la percepción de la sociedad que los biocombustibles atentaban contra los precios de alimentos y que no hacía falta ningún fundamento científico detrás de la medida… La directiva, además del recorte al 3.8%, contempla también el fin de todas las ayudas a los biocombustibles convencionales y el fomento a los derivados de rastrojos u otros cultivos que no se utilicen para alimentos, conocidos como biocombustibles de segunda generación. Estos requieren de inversiones mucho mayores y elevados costos de producción.

Muchos analistas consideran la propuesta como un verdadero disparate. El aceite de soja, más que un alimento, es un insumo de la industria alimenticia y gastronómica. Por el contrario, sí lo es la harina, muy rica en proteínas. A mayor cantidad de soja que se elabora, habrá más alimento proteico. El biodiésel de soja es uno de los tantos ejemplos de biocombustibles convencionales que reducen emisiones GEI y no influyen en los precios de los alimentos. Mientras que hay otros biocombustibles de segunda generación que tienen más emisiones GEI que el petróleo y estarían contemplados en la directiva.

La industria de biodiésel europea sabe que le resultará muy difícil competir con el producto argentino. Presionados por productores franceses y alemanes, la Asociación Europea de Biodiesel (EBB) emitió un comunicado la semana pasada, donde informaba que iniciarían acciones para denunciar a la Argentina por anti-subsidio, mismo argumento utilizado por Estados Unidos. El documento solicitaba a la Comisión Europea la imposición urgente de aranceles compensatorios para prevenir una inminente ola de importaciones de argentinas. Al día de hoy, la Comisión Europea no ha respondido dicho pedido.

En el mejor de los casos, la UE podrá absorber lo que dejamos de exportar a Estados Unidos, pero no parece ser una solución a largo plazo. Mientras tanto, Argentina sigue importando gasoil. ¿Alguna idea?

Fuente: Clarín

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