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Según un estudio del INTA Oliveros, en esa zona se hace un 15% de doble cultivo trigo/soja, 71% de soja de primera y 14% de maíz.

Un estudio efectuado por el INTA Oliveros con el objeto de hacer un seguimiento de los procesos productivos en el sur de Santa Fe y retroalimentar sus proyectos, arrojó una serie de indicadores que resultan muy útiles para el trabajo de extensión con los productores agrícolas.

El régimen de tenencia de la tierra es un aspecto muy importante por su implicancia en la adopción de tecnología, por eso, los investigadores del INTA Oliveros realizaron una encuesta y consultaron a los productores por las tierras de su propiedad como así también por las que alquilaban. “Los valores, en porcentaje, referidos a superficie propia y alquilada muestran que más de la mitad son propietarios que, a su vez, alquilan tierras para producir (58%). Otros datos que surgen del mismo establecen que sólo un 11% se limita a trabajar tierras de su propiedad, mientras que un 31% alquilan”, detallaron desde el INTA.

Desde el punto de vista de la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, la planificación de la secuencia de cultivos es un factor clave. En relación a eso, de acuerdo al estudio, en esa zona productiva se hace un 15% de doble cultivo trigo/soja, 71% de soja de primera y 14% de maíz. “Estas cifras indican que en la región analizada, no se realizan las secuencias adecuadas para el uso eficiente de los recursos naturales (suelo, agua, luz, etc.) como así tampoco para un correcto manejo de plagas insectiles y de malezas, entre otros”, indicaron los investigadores.

Si bien un 89% de los productores encuestados fertilizan sus cultivos, se determinó que esta práctica no está basada en un diagnóstico previo que contemple la disponibilidad de los nutrientes en relación a la necesidad del cultivo.

Por eso, será necesario llevar adelante una mayor tarea de extensión en materia de planificación de secuencias de cultivos que contemple la eficiencia del sistema y el cuidado del ambiente.

En cuanto al uso de agroquímicos, el estudio estableció que el 44% de los encuestados deciden por sí mismos sobre las prácticas de control de plagas, y de ese porcentaje, un 63% monitorea sus cultivos. “Este dato indica una tendencia positiva a realizar un manejo integrado de plagas, basando sus decisiones, principalmente en los siguientes criterios: toxicidad para humanos, residualidad y selectividad del producto que utilizan”, señaló el informe.

El 37% restante que no monitorea, tiene en cuenta principalmente las recomendaciones del proveedor, la residualidad del producto y el precio del mismo.

Respecto de las fuentes de información más utilizadas por los productores, las más importantes, de acuerdo a la encuesta, son el asesor privado, las cooperativas y el INTA. “Un 50% mencionó al asesor privado, un 48% al asesor de cooperativas y un 46% al INTA. Se destaca que en el 70% de los casos los productores indicaron que sus asesores estaban vinculados al INTA. Esto respalda la decisión institucional, tomada hace ya mucho tiempo, de considerar a los asesores como actores claves en cualquier estrategia de difusión de tecnología”, destacaron los especialistas de la institución.

El cuestionario utilizado en las encuestas hace referencia a la campaña 2014/2015 pero el período de relevamiento finalizó en febrero del 2016. “Ante las medidas tomadas en diciembre del 2015, que implicaban cambios en la política agropecuaria (retenciones al trigo, maíz y soja), el estudio permitió establecer que podría haber una asociación estadísticamente significativa en las respuestas recibidas antes y después de ese período. Se vio reflejada, especialmente, en cuanto a decisiones futuras sobre la secuencia de cultivos”, explicaron los técnicos. La mayoría de los productores encuestados a partir de diciembre de 2015, respondieron que pensaban cambiar en el futuro su secuencia de cultivos incorporando una mayor proporción de gramíneas.

La investigación fue llevada adelante por Pedro Guglielmone, Silvina Bacigaluppo, Mario Fernández Alsina y Mabel Beatriz Fior.

Fuente: Infocampo

Otras Noticias

  • Semillas: EE.UU. pide mejoras para la propiedad intelectual

    Un documento de la Oficina del Representante de Comercio de ese país critica una norma de 2015 y proyectos de ley que están en el Congreso para ser tratados

    El gobierno de Donald Trump continúa atento a la situación de la propiedad intelectual en semillas en la Argentina, entre otros temas de derechos, y, de hecho, identificó esta problemática en un reciente informe oficial.

    En un escrito de 74 páginas, llamado "Special 301 Report" (Informe 301), del 1° de junio pasado, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), que interviene en el ámbito del comercio recomendando políticas para el presidente, brinda un panorama sobre diversos problemas de acceso de los Estados Unidos en distintos mercados y, entre otros países, en sus páginas 51 y 52 se detiene sobre la Argentina.

    Allí sostiene que "la Argentina continúa presentando desde hace mucho tiempo deficiencias" en la protección y aplicación de la propiedad intelectual. Menciona que la feria La Salada ofrece a la venta mercaderías "falsificadas".

    Luego señala que la innovación en industrias, como la química, farmacéutica y de biotecnología, como la que se utiliza aplicada para el agro "enfrenta desafíos". En este punto, en referencia a la biotecnología agrícola avanza en un cuestionamiento a la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que introdujo modificaciones en las directrices de patentamiento.

    En opinión del sector industrial, esos cambios durante el gobierno anterior pusieron condiciones más restrictivas en la forma en la cual se reconocen las distintas construcciones genéticas en la biotecnología vegetal. Sobre esto, el informe del USTR señala que "limita también la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas basadas en la materia viva y las sustancias naturales".

     

    "Estas medidas han interferido con la capacidad de las empresas que invierten en la Argentina para proteger su IP (propiedad intelectual) y pueden ser incompatibles con las normas internacionales", agrega el reporte oficial.

    Una fuente vinculada con la industria semillera coincidió y agregó: "Claramente, este gobierno debería eliminarla si quiere promover inversiones". Hay expectativa por la visita al país, sin fecha por el momento, del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ya que trascendió que estos temas vinculados con el agro estarán en su agenda.

    El informe también critica proyectos para modificar la actual ley de semillas. La ley vigente, 20.247, fue sancionada en 1973, cuando la soja apenas existía (376.600 hectáreas, contra las casi 20 millones de hectáreas de hoy) y no había desarrollos de eventos transgénicos en agricultura. Esa norma contempla que el productor pueda hacer sin limitaciones el uso propio, la figura que le permite guardarse como semilla parte de la cosecha para volver a sembrar.

    Las empresas insisten que debe limitarse ese uso propio y que se pague. El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto que dice que el productor pagará por la tecnología incorporada en la semilla que se reserve para uso propio durante los tres años siguientes a la compra. A partir del cuarto año deja de pagar, si es que mantiene constante la cantidad de hectáreas sembradas. Deja exentos del pago, entre otros, a los agricultores anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). El sector industrial exige que los pagos deben ser por un plazo mayor.

    En tanto, entre otras propuestas, una iniciativa del presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Gilberto Alegre, propone que una sociedad de gestión colectiva público-privada cobre por las regalías y reparta lo recaudado entre las empresas. Vale recordar que en el Congreso hay nueve proyectos por semillas.

    Según el USTR, si bien pueden ser "bien intencionados" los proyectos, pueden "afectar negativamente" para que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual. El informe concluye que los Estados Unidos esperan "resultados tangibles, creando así un ambiente más atractivo para la inversión y la innovación". Desde principios de año, entidades del agro y de la industria vienen trabajando en la búsqueda de consensos, entre otros temas, para limitar el uso propio y que se pague.

    La pelea por las semillas

    21,7 por ciento de los productores declaró haber comprado semilla fiscalizada de soja en la campaña 2015/2016, según el Inase 78,3 por ciento de los agricultores sembró en esa campaña semilla de uso propio

     

    Fuente: La Nación

  • Paraguay: impulsan un 15% de retenciones para la exportación de granos

    El próximo jueves se debatirá un proyecto acordado entre el gobierno y la oposición; los productores harán un tractorazo

    ASUNCIÓN.- Cámaras empresarias de Paraguay rechazaron un proyecto para gravar la exportación de granos, que podría ser tratado esta semana en el Senado y despertó temores sobre otras reformas económicas en un año electoral, consignó Reuters.

    El tratamiento de la iniciativa, que fija un impuesto de 15% a los granos, forma parte de un pacto entre el oficialismo y un sector de la oposición que le permitió al presidente Horacio Cartes recuperar el control del Congreso

    Los empresarios expresaron preocupación por la "inestabilidad política" que afecta la "previsibilidad necesaria para las inversiones y el clima de negocios", según un comunicado firmado por asociaciones de industriales, ganaderos y productores agrícolas y divulgado en una rueda de prensa.

    "Digamos a este Gobierno que se está equivocando y nos está usando como moneda de cambio para tener mayoría en un poder del Estado", dijo Rubén Morínigo, representante de la Coordinadora Agrícola del departamento Itapúa, principal zona productiva del país.

    El acuerdo político acercó al movimiento de Cartes con la coalición izquierdista Frente Guasu, que busca desde hace años impulsar el proyecto. El líder de la agrupación, el ex presidente Fernando Lugo, fue elegido la semana pasada titular del Senado y del Congreso.

    Los defensores del proyecto sostienen que el sector agrícola, y especialmente el de soja, tributa muy poco en relación a sus ingresos, que superaron los 3000 millones de dólares en exportaciones el año pasado, según datos oficiales.

    Sus detractores aseguran que el gravamen destruirá una de las actividades más dinámicas de la economía porque reducirá casi a la mitad el volumen de producción de granos, cuyo cultivo dejará de ser rentable. Los cámaras empresarias anunciaron una movilización con tractores pasado mañana.

    Los productores del cuarto exportador mundial de soja, que recogerán unas 10 millones de toneladas en esta campaña, tributan IVA y un Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro) pero no pagan un impuesto a la exportación. El proyecto podría ser estudiado el jueves.

    En tanto, según consignó el diario La Nación de Paraguay, el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira indicó que la ley afectará a toda la economía. En un estudio que realizó dijo que el sector agrícola inyecta US$ 5000 millones a la economía y con estas nuevas medidas se podría dar una reducción de US$ 2000 millones cada año.

    De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en el último ciclo agrícola, 2016/2017, Paraguay produjo 10,3 millones de toneladas de soja, contra 9,2 millones de toneladas de la campaña 2015/2016. Sus exportaciones de la campaña 2016/2017 fueron de 6,3 millones de toneladas. De este volumen vendido al exterior, cerca de un millón fue a la Argentina.

    Fuente: Reuters y La Nación de Paraguay

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