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Más de un millón de hectáreas, que representan el 5% de la superficie total con soja (20 millones) no fueron informadas. Los que no lo hicieron deberán ahora comprar la semilla a las empresas.

En más de un millón de hectáreas, que representan el 5% de la superficie total con soja (20 millones), los grandes productores no podrán sembrar este año su propia semilla para hacer el cultivo porque no justificaron, en la última campaña, el origen legal de la semilla usada. Dicho de otro modo, si quieren sembrar soja, deberán ahora ir a comprar la semilla a las empresas.

En los próximos días, en la web del Instituto Nacional de Semillas (Inase), organismo descentralizado del Ministerio de Agroindustria, los productores podrán ingresar con su CUIT y corroborar, entre otros datos, si están habilitados a realizar uso propio.


El uso propio está contemplado por la ley actual de semillas 20.247, que rige desde 1973, y permite a los productores reservarse semilla de su cosecha para volver a utilizarla en la siguiente campaña como semilla. En la actualidad no hay limitaciones para el uso propio. Con un mercado de semillas fiscalizadas que sólo ronda el 15% del total (poco más de 3 millones de hectáreas), en la industria vienen sospechando que detrás de la figura del uso propio mucha semilla de soja se produce y vende ilegalmente en el mercado.

Tras una resolución del Inase que el año pasado obligó a todos los productores con una facturación superior a 1,8 millones de pesos a declarar el origen legal (con factura) de su semilla, comenzó a tenderse un primer cerco sobre el mercado informal. Declararon el origen de su semilla 8000 productores, con una superficie equivalente a seis millones de hectáreas, sobre 16.000 productores que se esperaba que lo hicieran.

Más allá de que no declararon todos, esa acción sirvió para mostrar al Gobierno en la ofensiva. De hecho, hubo más de 2600 intimaciones para quienes no informaron, se hicieron multas y hay trámites por otras 300 multas para quienes no presentaron su declaración jurada. Ahora, el procedimiento que estará disponible en la web del Inase tiende a cerrar más el cerco. "Si no declaró no va a poder hacer uso propio", dijo a LA NACION Raimundo Lavignolle, presidente del Inase.

El fin de semana, en declaraciones a radio Rivadavia, el jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, calculó en más de un millón de hectáreas la superficie en la que los productores no podrán hacer uso propio y dijo que el mecanismo que se aplicará corresponde a un primer listado de grandes productores que, no obstante, no identificó en cantidad.

Ante una consulta de este diario, Lavignolle precisó que "tal vez sea más" la superficie donde no se podrá hacer uso propio.

"La gente va a poder chequear si fue identificado como gran usuario, si declaró o no y si pidió o no el certificado de uso propio. Si no declaró (el origen legal) no va a poder hacer uso propio", explicó el funcionario.

Según Lavignolle, la medida, que llevaría a comprar semilla a quien no puede hacer uso propio, debería "cambiar la curva descendente" que tuvo el mercado de semillas fiscalizadas en los últimos años, que tocó un magro 15%. "Podría subir a 20 o 25% (el mercado fiscalizado, sin contar regalías)", estimó el presidente del Inase.

Desde la industria semillera, Alfredo Paseyro, gerente general de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), estimó que si se cumple la previsión oficial "debería ser mayor" el mercado fiscalizado de la nueva campaña.

De todos modos, admitió que hay dudas porque el productor, debido a los problemas de calidad que hubo por las inundaciones, viene con las compras demoradas y, además, está con cierta incertidumbre sobre el marco regulatorio que va a regir el próximo año. La semana pasada, el Gobierno presentó su proyecto para modificar la ley de semillas que, entre otros puntos, apunta a acotar la figura del uso propio, introduciendo, además un pago para quienes se reserven semilla.

Fuente: Agrositio

Otras Noticias

  • Bolivia apuesta fuerte al bioetanol para mejorar la calidad de sus combustibles

    Bolivia está a puertas de iniciar la producción masiva de bioetanol para sustituir la importación de aditivos para gasolina y diésel, utilizados para mejorar el rendimiento de ambos combustibles, luego de realizarse pruebas que han sido calificadas como "óptimas".

    El proyecto está en gran medida relacionado con el ingenio azucarero de Guabirá, de administración privada, situado en la ciudad de Montero colindante con Santa Cruz, la urbe más grande y poblada de Bolivia, y al que podrían sumarse otras plantas del país.

    En declaraciones a los medios durante una visita organizada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el presidente del directorio del ingenio azucarero Guabirá, Mariano Aguilera, destacó que con la producción del combustible "no vamos a importar" otros aditivos para combustibles.

    Aguilera resaltó el resultado "óptimo" que han dado los primeros 10.000 litros de bioetanol fabricados en el ingenio de Guabirá, que se entregaron a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

    Esta cantidad de combustible se puso a prueba en vehículos de distinta data que recorrieron regiones tropicales y de altitud con buenos resultados, mencionó Aguilera. "En este momento tenemos cinco millones (de litros) para entregar a YPFB", recalcó el empresario. 

    Aguilera señaló que han hecho "grandes inversiones" y que únicamente se aguarda una ley nacional que regule las características de la producción y venta del bioetanol.

    En mayo de este año el Gobierno boliviano y los productores de caña de Santa Cruz acordaron trabajar en la producción de este combustible que implica, entre otras cosas, la extensión del los cultivos de caña.

    Se espera que, para este fin, en los próximos años se inviertan alrededor de 1.500 millones de dólares y que el área de plantación del principal insumo del bioetanol pase de las 151.000 a las 330.000 hectáreas, de acuerdo a estimaciones del IBCE.

    Aguilera citó que Guabirá tiene "en este momento" una capacidad de destilación de 600.000 litros diarios que, pretende se incremente a 1 millón. Al mismo tiempo se pondrá en funcionamiento una planta deshidratadora de alcohol, "la más grande del país", capaz de tratar un millón de litros por día, señaló.

    Aguilera detalló que el proceso de extensión de cultivos de caña de azúcar ya ha comenzado durante esta gestión y que han llegado a las 9.000 hectáreas, que han supuesto una inversión de 9 millones de dólares. "Guabirá tiene planificado invertir más de 40 millones de dólares en dos años", subrayó Aguilera.

    El bioetanol o alcohol anhidro se caracteriza por estar libre de agua mediante un proceso de deshidratación que tiene el objetivo de conseguir un ciento por ciento de consistencia, explicó Samuel Oporto, un ingeniero industrial que trabaja en el ingenio Guabirá.

    Habitualmente se somete a este proceso el alcohol que se extrae de la caña de azúcar o del sorgo, del que se obtiene el alcohol anhidro útil para posteriormente incorporarlo a la gasolina y subir su octanaje.

    Aguilera aseguró que la expansión que este proyecto puede tener "es muy grande" y citó los casos de los países vecinos de Bolivia que han decidido producir el combustible y que en ninguno de ellos se ha retirado de esta producción. "El (país) que ha entrado a la era de los biocombustibles no se ha salido, todos están fomentando", recalcó.

    El empresario añadió que con este proyecto "ganamos todos", en referencia a los trabajadores, empresarios, Gobierno y consumidores. Al respecto, consideró que el bioetanol es un combustible amigable con el medio ambiente, renovable y que además permitirá el ahorro de divisas, hasta ahora destinadas a la importación de aditivos de gasolina.

    Fuente: Clarin

  • Prohibieron el glifosato en Brasil y comenzó una batalla legal

    El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, anunció que el gobierno recurrirá la decisión para intentar revertirla antes de la próxima cosecha. "Suspender el registro de ese producto sería un retroceso ambiental gigantesco", afirmó.

    La decisión llega en momentos en que el gigante agroquímico Monsanto, adquirido recientemente por la alemana Bayer, enfrenta su primer juicio en Estados Unidos por el presunto vínculo entre el cáncer y sus productos a base de glifosato.
     
    El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, quien también es el principal productor de soja del mundo, anunció que el gobierno recurrirá la decisión para intentar revertirla antes de la próxima cosecha.

    "Todo el sistema de siembra directa está basado en el glifosato" y suspender el registro de ese producto "sería un retroceso ambiental gigantesco", afirmó Maggi en declaraciones al diario Valor.

    El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo bajo distintas marcas.

    "Como todos los productos herbicidas, el glifosato es revisado rutinariamente por las autoridades reguladoras para garantizar que pueda ser utilizado de forma segura", afirmó en un comunicado enviado a la AFP la asesoría de Monsanto, una de las principales empresas que produce y comercializa productos a base de glifosato en Brasil.

    Para Monsanto, no existe ningún vínculo entre el glifosato y el cáncer, por lo que no hay motivo alguno para advertir sobre el peligro de utilizar esta sustancia.

    Bayer atribuyó por su lado la orden judicial a una voluntad de "acelerar la actualización (...) de las evaluaciones sanitarias" por parte de Anvisa. "Partimos del principio de que el gobierno brasileño tomará todas las medidas necesarias para anular esa decisión", dijo el grupo alemán a la AFP.

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