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Más de un millón de hectáreas, que representan el 5% de la superficie total con soja (20 millones) no fueron informadas. Los que no lo hicieron deberán ahora comprar la semilla a las empresas.

En más de un millón de hectáreas, que representan el 5% de la superficie total con soja (20 millones), los grandes productores no podrán sembrar este año su propia semilla para hacer el cultivo porque no justificaron, en la última campaña, el origen legal de la semilla usada. Dicho de otro modo, si quieren sembrar soja, deberán ahora ir a comprar la semilla a las empresas.

En los próximos días, en la web del Instituto Nacional de Semillas (Inase), organismo descentralizado del Ministerio de Agroindustria, los productores podrán ingresar con su CUIT y corroborar, entre otros datos, si están habilitados a realizar uso propio.


El uso propio está contemplado por la ley actual de semillas 20.247, que rige desde 1973, y permite a los productores reservarse semilla de su cosecha para volver a utilizarla en la siguiente campaña como semilla. En la actualidad no hay limitaciones para el uso propio. Con un mercado de semillas fiscalizadas que sólo ronda el 15% del total (poco más de 3 millones de hectáreas), en la industria vienen sospechando que detrás de la figura del uso propio mucha semilla de soja se produce y vende ilegalmente en el mercado.

Tras una resolución del Inase que el año pasado obligó a todos los productores con una facturación superior a 1,8 millones de pesos a declarar el origen legal (con factura) de su semilla, comenzó a tenderse un primer cerco sobre el mercado informal. Declararon el origen de su semilla 8000 productores, con una superficie equivalente a seis millones de hectáreas, sobre 16.000 productores que se esperaba que lo hicieran.

Más allá de que no declararon todos, esa acción sirvió para mostrar al Gobierno en la ofensiva. De hecho, hubo más de 2600 intimaciones para quienes no informaron, se hicieron multas y hay trámites por otras 300 multas para quienes no presentaron su declaración jurada. Ahora, el procedimiento que estará disponible en la web del Inase tiende a cerrar más el cerco. "Si no declaró no va a poder hacer uso propio", dijo a LA NACION Raimundo Lavignolle, presidente del Inase.

El fin de semana, en declaraciones a radio Rivadavia, el jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, calculó en más de un millón de hectáreas la superficie en la que los productores no podrán hacer uso propio y dijo que el mecanismo que se aplicará corresponde a un primer listado de grandes productores que, no obstante, no identificó en cantidad.

Ante una consulta de este diario, Lavignolle precisó que "tal vez sea más" la superficie donde no se podrá hacer uso propio.

"La gente va a poder chequear si fue identificado como gran usuario, si declaró o no y si pidió o no el certificado de uso propio. Si no declaró (el origen legal) no va a poder hacer uso propio", explicó el funcionario.

Según Lavignolle, la medida, que llevaría a comprar semilla a quien no puede hacer uso propio, debería "cambiar la curva descendente" que tuvo el mercado de semillas fiscalizadas en los últimos años, que tocó un magro 15%. "Podría subir a 20 o 25% (el mercado fiscalizado, sin contar regalías)", estimó el presidente del Inase.

Desde la industria semillera, Alfredo Paseyro, gerente general de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), estimó que si se cumple la previsión oficial "debería ser mayor" el mercado fiscalizado de la nueva campaña.

De todos modos, admitió que hay dudas porque el productor, debido a los problemas de calidad que hubo por las inundaciones, viene con las compras demoradas y, además, está con cierta incertidumbre sobre el marco regulatorio que va a regir el próximo año. La semana pasada, el Gobierno presentó su proyecto para modificar la ley de semillas que, entre otros puntos, apunta a acotar la figura del uso propio, introduciendo, además un pago para quienes se reserven semilla.

Fuente: Agrositio

Otras Noticias

  • Semillas: EE.UU. pide mejoras para la propiedad intelectual

    Un documento de la Oficina del Representante de Comercio de ese país critica una norma de 2015 y proyectos de ley que están en el Congreso para ser tratados

    El gobierno de Donald Trump continúa atento a la situación de la propiedad intelectual en semillas en la Argentina, entre otros temas de derechos, y, de hecho, identificó esta problemática en un reciente informe oficial.

    En un escrito de 74 páginas, llamado "Special 301 Report" (Informe 301), del 1° de junio pasado, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), que interviene en el ámbito del comercio recomendando políticas para el presidente, brinda un panorama sobre diversos problemas de acceso de los Estados Unidos en distintos mercados y, entre otros países, en sus páginas 51 y 52 se detiene sobre la Argentina.

    Allí sostiene que "la Argentina continúa presentando desde hace mucho tiempo deficiencias" en la protección y aplicación de la propiedad intelectual. Menciona que la feria La Salada ofrece a la venta mercaderías "falsificadas".

    Luego señala que la innovación en industrias, como la química, farmacéutica y de biotecnología, como la que se utiliza aplicada para el agro "enfrenta desafíos". En este punto, en referencia a la biotecnología agrícola avanza en un cuestionamiento a la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que introdujo modificaciones en las directrices de patentamiento.

    En opinión del sector industrial, esos cambios durante el gobierno anterior pusieron condiciones más restrictivas en la forma en la cual se reconocen las distintas construcciones genéticas en la biotecnología vegetal. Sobre esto, el informe del USTR señala que "limita también la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas basadas en la materia viva y las sustancias naturales".

     

    "Estas medidas han interferido con la capacidad de las empresas que invierten en la Argentina para proteger su IP (propiedad intelectual) y pueden ser incompatibles con las normas internacionales", agrega el reporte oficial.

    Una fuente vinculada con la industria semillera coincidió y agregó: "Claramente, este gobierno debería eliminarla si quiere promover inversiones". Hay expectativa por la visita al país, sin fecha por el momento, del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ya que trascendió que estos temas vinculados con el agro estarán en su agenda.

    El informe también critica proyectos para modificar la actual ley de semillas. La ley vigente, 20.247, fue sancionada en 1973, cuando la soja apenas existía (376.600 hectáreas, contra las casi 20 millones de hectáreas de hoy) y no había desarrollos de eventos transgénicos en agricultura. Esa norma contempla que el productor pueda hacer sin limitaciones el uso propio, la figura que le permite guardarse como semilla parte de la cosecha para volver a sembrar.

    Las empresas insisten que debe limitarse ese uso propio y que se pague. El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto que dice que el productor pagará por la tecnología incorporada en la semilla que se reserve para uso propio durante los tres años siguientes a la compra. A partir del cuarto año deja de pagar, si es que mantiene constante la cantidad de hectáreas sembradas. Deja exentos del pago, entre otros, a los agricultores anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). El sector industrial exige que los pagos deben ser por un plazo mayor.

    En tanto, entre otras propuestas, una iniciativa del presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Gilberto Alegre, propone que una sociedad de gestión colectiva público-privada cobre por las regalías y reparta lo recaudado entre las empresas. Vale recordar que en el Congreso hay nueve proyectos por semillas.

    Según el USTR, si bien pueden ser "bien intencionados" los proyectos, pueden "afectar negativamente" para que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual. El informe concluye que los Estados Unidos esperan "resultados tangibles, creando así un ambiente más atractivo para la inversión y la innovación". Desde principios de año, entidades del agro y de la industria vienen trabajando en la búsqueda de consensos, entre otros temas, para limitar el uso propio y que se pague.

    La pelea por las semillas

    21,7 por ciento de los productores declaró haber comprado semilla fiscalizada de soja en la campaña 2015/2016, según el Inase 78,3 por ciento de los agricultores sembró en esa campaña semilla de uso propio

     

    Fuente: La Nación

  • Paraguay: impulsan un 15% de retenciones para la exportación de granos

    El próximo jueves se debatirá un proyecto acordado entre el gobierno y la oposición; los productores harán un tractorazo

    ASUNCIÓN.- Cámaras empresarias de Paraguay rechazaron un proyecto para gravar la exportación de granos, que podría ser tratado esta semana en el Senado y despertó temores sobre otras reformas económicas en un año electoral, consignó Reuters.

    El tratamiento de la iniciativa, que fija un impuesto de 15% a los granos, forma parte de un pacto entre el oficialismo y un sector de la oposición que le permitió al presidente Horacio Cartes recuperar el control del Congreso

    Los empresarios expresaron preocupación por la "inestabilidad política" que afecta la "previsibilidad necesaria para las inversiones y el clima de negocios", según un comunicado firmado por asociaciones de industriales, ganaderos y productores agrícolas y divulgado en una rueda de prensa.

    "Digamos a este Gobierno que se está equivocando y nos está usando como moneda de cambio para tener mayoría en un poder del Estado", dijo Rubén Morínigo, representante de la Coordinadora Agrícola del departamento Itapúa, principal zona productiva del país.

    El acuerdo político acercó al movimiento de Cartes con la coalición izquierdista Frente Guasu, que busca desde hace años impulsar el proyecto. El líder de la agrupación, el ex presidente Fernando Lugo, fue elegido la semana pasada titular del Senado y del Congreso.

    Los defensores del proyecto sostienen que el sector agrícola, y especialmente el de soja, tributa muy poco en relación a sus ingresos, que superaron los 3000 millones de dólares en exportaciones el año pasado, según datos oficiales.

    Sus detractores aseguran que el gravamen destruirá una de las actividades más dinámicas de la economía porque reducirá casi a la mitad el volumen de producción de granos, cuyo cultivo dejará de ser rentable. Los cámaras empresarias anunciaron una movilización con tractores pasado mañana.

    Los productores del cuarto exportador mundial de soja, que recogerán unas 10 millones de toneladas en esta campaña, tributan IVA y un Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro) pero no pagan un impuesto a la exportación. El proyecto podría ser estudiado el jueves.

    En tanto, según consignó el diario La Nación de Paraguay, el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira indicó que la ley afectará a toda la economía. En un estudio que realizó dijo que el sector agrícola inyecta US$ 5000 millones a la economía y con estas nuevas medidas se podría dar una reducción de US$ 2000 millones cada año.

    De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en el último ciclo agrícola, 2016/2017, Paraguay produjo 10,3 millones de toneladas de soja, contra 9,2 millones de toneladas de la campaña 2015/2016. Sus exportaciones de la campaña 2016/2017 fueron de 6,3 millones de toneladas. De este volumen vendido al exterior, cerca de un millón fue a la Argentina.

    Fuente: Reuters y La Nación de Paraguay

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