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El titular de la Sociedad Rural Argentina planteó los desafíos del sector en relación al creciente número de habitantes y al cambio climático.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y director por Latinoamérica de la Organización Mundial de Agricultores (OMA), Luis Miguel Etchevehere, habló en la 43ª Asamblea del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), en Roma.

En nombre de los productores a nivel mundial, Etchevehere planteó los desafíos que enfrentan los agricultores con respecto al cambio climático, al tiempo que comprometió sus esfuerzos para avanzar en el abordaje de la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente.

"El cambio climático es uno de los mayores retos del mundo en el siglo XXI", afirmó Etchevehere, en el marco de la Asamblea de la CSA que responde a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Consejo Económico y Social.

"Con una proyección de 10 mil millones de habitantes para 2050, la producción agrícola también debe aumentar en aproximadamente 70%", señaló Etchevehere. Consecuentemente, consideró fundamental implementar acciones para mitigar los efectos del cambio climático que ponen en riesgo la seguridad alimentaria: "la volatilidad climática, los fenómenos meteorológicos extremos y los cambios de temperatura cada vez más frecuentes, ponen aún más en peligro la viabilidad de la agricultura, la forestación y la infraestructura rural alrededor del mundo".

"Los productores estamos comprometidos en el esfuerzo de producir más alimentos con menos. Además, podemos generar energía renovable, a través de la gestión y almacenamiento de carbono en los suelos y la vegetación".

Al respecto, Etchevehere destacó: "Ayudar a los agricultores para la conservación de recursos naturales, como el agua y la tierra, debe ser considerada una prioridad, que también tendrá un impacto positivo en la alimentación de una población mundial en crecimiento, el mantenimiento y la mejora de la biodiversidad, y la prestación de servicios cruciales de los ecosistemas".

"Debemos liderar y estar en el centro del diseño de las estrategias de mitigación y de adaptación en pos de sistemas agrícolas más resilientes y productivos", aseguró.

Propuestas de la Organización Mundial de Agricultores (OMA) para combatir el cambio climático y fomentar sistemas alimentarios sostenibles

Sobre el final de su exposición, Etchevehere detalló las siguientes acciones, consensuadas en el marco de la OMA:

- Medidas de apoyo a la agricultura climáticamente inteligente que ofrece ganancias de al menos tres veces en el aumento de la producción de alimentos, la mitigación y la adaptación al cambio climático.

- Elaboración e implementación de un marco de financiación ambicioso, en particular para los agricultores de los países en desarrollo, en base a un enfoque sobre incentivos positivos en colaboración con todos los agricultores y cooperativas.

- Incrementar significativamente la inversión en la agricultura y el desarrollo de tecnologías a costos accesibles a los agricultores.

- El establecimiento de asociaciones eficaces para la cooperación entre los múltiples agentes interesados,  con los agricultores y productores forestales, teniendo a las organizaciones de agricultores en el centro de la misma.

- La transición de los procesos de gestión de crisis hacia los de gestión de riesgos,  a través de: el desarrollo de estrategias nacionales en la de gestión de riesgos; asegurando que la agricultura recibe la asignación de agua adecuada para desarrollarse; la construcción de la capacidad de recuperación de las tierras agrícolas a las inundaciones y la sequía; el desarrollo de herramientas para la gestión de los recursos hídricos para usos múltiples.

- El reconocimiento del papel sostenible de la bioenergía en las reglas contables para la mitigación.

- Asegurar una base sólida y robusta con un enfoque justo y equilibrado para construir la confianza necesaria en la inclusión de la agricultura  en la Agenda de Desarrollo 2030.

 

Fuente: Infocampo

04. Etchevehere: "La producción agrícola debe aumentar 70% hacia 2050"

Otras Noticias

  • Semillas: EE.UU. pide mejoras para la propiedad intelectual

    Un documento de la Oficina del Representante de Comercio de ese país critica una norma de 2015 y proyectos de ley que están en el Congreso para ser tratados

    El gobierno de Donald Trump continúa atento a la situación de la propiedad intelectual en semillas en la Argentina, entre otros temas de derechos, y, de hecho, identificó esta problemática en un reciente informe oficial.

    En un escrito de 74 páginas, llamado "Special 301 Report" (Informe 301), del 1° de junio pasado, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), que interviene en el ámbito del comercio recomendando políticas para el presidente, brinda un panorama sobre diversos problemas de acceso de los Estados Unidos en distintos mercados y, entre otros países, en sus páginas 51 y 52 se detiene sobre la Argentina.

    Allí sostiene que "la Argentina continúa presentando desde hace mucho tiempo deficiencias" en la protección y aplicación de la propiedad intelectual. Menciona que la feria La Salada ofrece a la venta mercaderías "falsificadas".

    Luego señala que la innovación en industrias, como la química, farmacéutica y de biotecnología, como la que se utiliza aplicada para el agro "enfrenta desafíos". En este punto, en referencia a la biotecnología agrícola avanza en un cuestionamiento a la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que introdujo modificaciones en las directrices de patentamiento.

    En opinión del sector industrial, esos cambios durante el gobierno anterior pusieron condiciones más restrictivas en la forma en la cual se reconocen las distintas construcciones genéticas en la biotecnología vegetal. Sobre esto, el informe del USTR señala que "limita también la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas basadas en la materia viva y las sustancias naturales".

     

    "Estas medidas han interferido con la capacidad de las empresas que invierten en la Argentina para proteger su IP (propiedad intelectual) y pueden ser incompatibles con las normas internacionales", agrega el reporte oficial.

    Una fuente vinculada con la industria semillera coincidió y agregó: "Claramente, este gobierno debería eliminarla si quiere promover inversiones". Hay expectativa por la visita al país, sin fecha por el momento, del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ya que trascendió que estos temas vinculados con el agro estarán en su agenda.

    El informe también critica proyectos para modificar la actual ley de semillas. La ley vigente, 20.247, fue sancionada en 1973, cuando la soja apenas existía (376.600 hectáreas, contra las casi 20 millones de hectáreas de hoy) y no había desarrollos de eventos transgénicos en agricultura. Esa norma contempla que el productor pueda hacer sin limitaciones el uso propio, la figura que le permite guardarse como semilla parte de la cosecha para volver a sembrar.

    Las empresas insisten que debe limitarse ese uso propio y que se pague. El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto que dice que el productor pagará por la tecnología incorporada en la semilla que se reserve para uso propio durante los tres años siguientes a la compra. A partir del cuarto año deja de pagar, si es que mantiene constante la cantidad de hectáreas sembradas. Deja exentos del pago, entre otros, a los agricultores anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). El sector industrial exige que los pagos deben ser por un plazo mayor.

    En tanto, entre otras propuestas, una iniciativa del presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Gilberto Alegre, propone que una sociedad de gestión colectiva público-privada cobre por las regalías y reparta lo recaudado entre las empresas. Vale recordar que en el Congreso hay nueve proyectos por semillas.

    Según el USTR, si bien pueden ser "bien intencionados" los proyectos, pueden "afectar negativamente" para que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual. El informe concluye que los Estados Unidos esperan "resultados tangibles, creando así un ambiente más atractivo para la inversión y la innovación". Desde principios de año, entidades del agro y de la industria vienen trabajando en la búsqueda de consensos, entre otros temas, para limitar el uso propio y que se pague.

    La pelea por las semillas

    21,7 por ciento de los productores declaró haber comprado semilla fiscalizada de soja en la campaña 2015/2016, según el Inase 78,3 por ciento de los agricultores sembró en esa campaña semilla de uso propio

     

    Fuente: La Nación

  • Paraguay: impulsan un 15% de retenciones para la exportación de granos

    El próximo jueves se debatirá un proyecto acordado entre el gobierno y la oposición; los productores harán un tractorazo

    ASUNCIÓN.- Cámaras empresarias de Paraguay rechazaron un proyecto para gravar la exportación de granos, que podría ser tratado esta semana en el Senado y despertó temores sobre otras reformas económicas en un año electoral, consignó Reuters.

    El tratamiento de la iniciativa, que fija un impuesto de 15% a los granos, forma parte de un pacto entre el oficialismo y un sector de la oposición que le permitió al presidente Horacio Cartes recuperar el control del Congreso

    Los empresarios expresaron preocupación por la "inestabilidad política" que afecta la "previsibilidad necesaria para las inversiones y el clima de negocios", según un comunicado firmado por asociaciones de industriales, ganaderos y productores agrícolas y divulgado en una rueda de prensa.

    "Digamos a este Gobierno que se está equivocando y nos está usando como moneda de cambio para tener mayoría en un poder del Estado", dijo Rubén Morínigo, representante de la Coordinadora Agrícola del departamento Itapúa, principal zona productiva del país.

    El acuerdo político acercó al movimiento de Cartes con la coalición izquierdista Frente Guasu, que busca desde hace años impulsar el proyecto. El líder de la agrupación, el ex presidente Fernando Lugo, fue elegido la semana pasada titular del Senado y del Congreso.

    Los defensores del proyecto sostienen que el sector agrícola, y especialmente el de soja, tributa muy poco en relación a sus ingresos, que superaron los 3000 millones de dólares en exportaciones el año pasado, según datos oficiales.

    Sus detractores aseguran que el gravamen destruirá una de las actividades más dinámicas de la economía porque reducirá casi a la mitad el volumen de producción de granos, cuyo cultivo dejará de ser rentable. Los cámaras empresarias anunciaron una movilización con tractores pasado mañana.

    Los productores del cuarto exportador mundial de soja, que recogerán unas 10 millones de toneladas en esta campaña, tributan IVA y un Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro) pero no pagan un impuesto a la exportación. El proyecto podría ser estudiado el jueves.

    En tanto, según consignó el diario La Nación de Paraguay, el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira indicó que la ley afectará a toda la economía. En un estudio que realizó dijo que el sector agrícola inyecta US$ 5000 millones a la economía y con estas nuevas medidas se podría dar una reducción de US$ 2000 millones cada año.

    De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en el último ciclo agrícola, 2016/2017, Paraguay produjo 10,3 millones de toneladas de soja, contra 9,2 millones de toneladas de la campaña 2015/2016. Sus exportaciones de la campaña 2016/2017 fueron de 6,3 millones de toneladas. De este volumen vendido al exterior, cerca de un millón fue a la Argentina.

    Fuente: Reuters y La Nación de Paraguay

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