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Los números son auspiciosos, el sector agropecuario de la Argentina es responsable de la contaminación de la atmósfera por gases de efecto invernadero (GEIs) solo del 28 por ciento en el país.

Los datos fueron vertidos a lo largo de una extensa jornada sobre cambio climático en el auditorio principal del predio de Palermo, en el marco de la edición aniversario 130° de la Exposición Rural Internacional que tuvo lugar durante 16 días.

Los gases efecto invernadero generados por el sector agropecuario, la agricultura y ganadería son de tres clases, dióxido de carbono, óxido nitroso (surgen del manejo agrícola del suelo) y metano.

El metano se produce el 14 por ciento por residuos de cosecha, los sistemas pastoriles el 33 y ganadería en pastoreo por los rumiantes, el 58 por ciento, mientras que es responsable en el 6 por ciento el fertilizante nitrogenado y un poco los arrozales inundados.

Las plantas vivas en tanto, al contrario, son secuestrantes de carbono, pero los pastizales sí emiten GEIs.

Cuando los residuos de cosechas provienen más de leguminosas y de celulosa, mayor es la emisión de metano, al igual que cuanta más lignina tiene la alimentación de los animales (por su boca sale el metano) y es menor su digestibilidad.

El director del Instituto de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Miguel Taboada, dejó en su disertación un mensaje fuerte y tranquilizador: "Teniendo en cuenta los índices de producción (ganadera) en la Argentina es que todavía son bajos con toda la heterogeneidad posible, creo que tenemos un largo camino a recorrer para mitigar la emisión de metano".

Dijo que no era necesario tomar medidas sofisticadas, ni caras, sino mejorar la productividad del agro.

Luego, se refirió al aumento de los almacenes de carbono y precisó: "Uno puede incrementarlos dentro del suelo, lo que se llama el secuestro de carbono, a través de la intensificación de la agricultura, dobles cultivos, pasturas consociadas, combinación de producciones silvo-pastoril y el uso de abonos orgánicos y reciclados de residuos, todo lo que es meter carbono en el suelo".

En un momento mostró una foto de los efectos del monocultivo de soja en el suelo, es decir, la sojización que tanto mal causa a la agricultura argentina, y señaló que el "solo hecho de rotar la soja con cultivos de cobertura de gramíneas mete carbono en el suelo", en vez de transformarlos en GEIs.

Sobre la silvicultura y la deforestación (sale el 21% de carbono), aconsejó "limitar el desmonte y la desaparición de las pasturas".

"Mejorando los índices de procreo, porcentajes de preñez, parición, de destete evitamos tener vacas secas que no producen nada y emiten metano", manifestó Taboada.

El gas oil, combustible que también se utiliza en el transporte de granos y animales es el mayor emisor de dióxido de carbono (54%).

Los últimos datos provienen de 2012 cuando en emisiones totales la Argentina lanzó 430 millones de toneladas de dióxido de carbono, 43 por ciento, o sea, 200 millones son del sector energético.

En tanto, las proyecciones oficiales de las emisiones son crecientes, 560 a 570 millones de toneladas es el compromiso asumido por la Argentina en la reunión de París del COP21, para emitir.

Estados Unidos (24%) y China (25%) son los responsables de la contaminación mundial.

La Argentina finalmente está entre los 25 mayores contaminantes del mundo, con el 1 % de la contaminación global, más que España, y quedó en claro que el balance energético argentino hay que reverlo y rediseñarlo con participación de energías renovables.

Justamente en Palermo se entregaron los premios CITA a la innovación tecnológica y el "oro" fue para un establecimiento, "La Micaela", que, desde los residuos ganaderos genera energía eléctrica por medio de biogas y la inyecta en la red de luz de la ciudad de Carlos Tejedor en Buenos Aires, toda una innovación.

Nora Capello, subsecretaria de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, expresó que "La estabilización de emisiones de gases de efecto invernadero se tiene que hacer sin amenazar la producción de alimentos".

MAF/MG agro@noticiasargentinas.

Fuente: economia.terra.com.ar, 31/07/16

Otras Noticias

  • Semillas: EE.UU. pide mejoras para la propiedad intelectual

    Un documento de la Oficina del Representante de Comercio de ese país critica una norma de 2015 y proyectos de ley que están en el Congreso para ser tratados

    El gobierno de Donald Trump continúa atento a la situación de la propiedad intelectual en semillas en la Argentina, entre otros temas de derechos, y, de hecho, identificó esta problemática en un reciente informe oficial.

    En un escrito de 74 páginas, llamado "Special 301 Report" (Informe 301), del 1° de junio pasado, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), que interviene en el ámbito del comercio recomendando políticas para el presidente, brinda un panorama sobre diversos problemas de acceso de los Estados Unidos en distintos mercados y, entre otros países, en sus páginas 51 y 52 se detiene sobre la Argentina.

    Allí sostiene que "la Argentina continúa presentando desde hace mucho tiempo deficiencias" en la protección y aplicación de la propiedad intelectual. Menciona que la feria La Salada ofrece a la venta mercaderías "falsificadas".

    Luego señala que la innovación en industrias, como la química, farmacéutica y de biotecnología, como la que se utiliza aplicada para el agro "enfrenta desafíos". En este punto, en referencia a la biotecnología agrícola avanza en un cuestionamiento a la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que introdujo modificaciones en las directrices de patentamiento.

    En opinión del sector industrial, esos cambios durante el gobierno anterior pusieron condiciones más restrictivas en la forma en la cual se reconocen las distintas construcciones genéticas en la biotecnología vegetal. Sobre esto, el informe del USTR señala que "limita también la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas basadas en la materia viva y las sustancias naturales".

     

    "Estas medidas han interferido con la capacidad de las empresas que invierten en la Argentina para proteger su IP (propiedad intelectual) y pueden ser incompatibles con las normas internacionales", agrega el reporte oficial.

    Una fuente vinculada con la industria semillera coincidió y agregó: "Claramente, este gobierno debería eliminarla si quiere promover inversiones". Hay expectativa por la visita al país, sin fecha por el momento, del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ya que trascendió que estos temas vinculados con el agro estarán en su agenda.

    El informe también critica proyectos para modificar la actual ley de semillas. La ley vigente, 20.247, fue sancionada en 1973, cuando la soja apenas existía (376.600 hectáreas, contra las casi 20 millones de hectáreas de hoy) y no había desarrollos de eventos transgénicos en agricultura. Esa norma contempla que el productor pueda hacer sin limitaciones el uso propio, la figura que le permite guardarse como semilla parte de la cosecha para volver a sembrar.

    Las empresas insisten que debe limitarse ese uso propio y que se pague. El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto que dice que el productor pagará por la tecnología incorporada en la semilla que se reserve para uso propio durante los tres años siguientes a la compra. A partir del cuarto año deja de pagar, si es que mantiene constante la cantidad de hectáreas sembradas. Deja exentos del pago, entre otros, a los agricultores anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). El sector industrial exige que los pagos deben ser por un plazo mayor.

    En tanto, entre otras propuestas, una iniciativa del presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Gilberto Alegre, propone que una sociedad de gestión colectiva público-privada cobre por las regalías y reparta lo recaudado entre las empresas. Vale recordar que en el Congreso hay nueve proyectos por semillas.

    Según el USTR, si bien pueden ser "bien intencionados" los proyectos, pueden "afectar negativamente" para que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual. El informe concluye que los Estados Unidos esperan "resultados tangibles, creando así un ambiente más atractivo para la inversión y la innovación". Desde principios de año, entidades del agro y de la industria vienen trabajando en la búsqueda de consensos, entre otros temas, para limitar el uso propio y que se pague.

    La pelea por las semillas

    21,7 por ciento de los productores declaró haber comprado semilla fiscalizada de soja en la campaña 2015/2016, según el Inase 78,3 por ciento de los agricultores sembró en esa campaña semilla de uso propio

     

    Fuente: La Nación

  • Paraguay: impulsan un 15% de retenciones para la exportación de granos

    El próximo jueves se debatirá un proyecto acordado entre el gobierno y la oposición; los productores harán un tractorazo

    ASUNCIÓN.- Cámaras empresarias de Paraguay rechazaron un proyecto para gravar la exportación de granos, que podría ser tratado esta semana en el Senado y despertó temores sobre otras reformas económicas en un año electoral, consignó Reuters.

    El tratamiento de la iniciativa, que fija un impuesto de 15% a los granos, forma parte de un pacto entre el oficialismo y un sector de la oposición que le permitió al presidente Horacio Cartes recuperar el control del Congreso

    Los empresarios expresaron preocupación por la "inestabilidad política" que afecta la "previsibilidad necesaria para las inversiones y el clima de negocios", según un comunicado firmado por asociaciones de industriales, ganaderos y productores agrícolas y divulgado en una rueda de prensa.

    "Digamos a este Gobierno que se está equivocando y nos está usando como moneda de cambio para tener mayoría en un poder del Estado", dijo Rubén Morínigo, representante de la Coordinadora Agrícola del departamento Itapúa, principal zona productiva del país.

    El acuerdo político acercó al movimiento de Cartes con la coalición izquierdista Frente Guasu, que busca desde hace años impulsar el proyecto. El líder de la agrupación, el ex presidente Fernando Lugo, fue elegido la semana pasada titular del Senado y del Congreso.

    Los defensores del proyecto sostienen que el sector agrícola, y especialmente el de soja, tributa muy poco en relación a sus ingresos, que superaron los 3000 millones de dólares en exportaciones el año pasado, según datos oficiales.

    Sus detractores aseguran que el gravamen destruirá una de las actividades más dinámicas de la economía porque reducirá casi a la mitad el volumen de producción de granos, cuyo cultivo dejará de ser rentable. Los cámaras empresarias anunciaron una movilización con tractores pasado mañana.

    Los productores del cuarto exportador mundial de soja, que recogerán unas 10 millones de toneladas en esta campaña, tributan IVA y un Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro) pero no pagan un impuesto a la exportación. El proyecto podría ser estudiado el jueves.

    En tanto, según consignó el diario La Nación de Paraguay, el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira indicó que la ley afectará a toda la economía. En un estudio que realizó dijo que el sector agrícola inyecta US$ 5000 millones a la economía y con estas nuevas medidas se podría dar una reducción de US$ 2000 millones cada año.

    De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en el último ciclo agrícola, 2016/2017, Paraguay produjo 10,3 millones de toneladas de soja, contra 9,2 millones de toneladas de la campaña 2015/2016. Sus exportaciones de la campaña 2016/2017 fueron de 6,3 millones de toneladas. De este volumen vendido al exterior, cerca de un millón fue a la Argentina.

    Fuente: Reuters y La Nación de Paraguay

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