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En las últimas semanas hubo varios anuncios para la ampliación de puertos y la capacidad de almacenaje en el principal sector exportador del país. Pero los analistas no esperan una la de inversiones como la de hace diez años.

Por Matías Longoni

La industria aceitera explica un 25% de las exportaciones totales del país y lo que suceda con ella tiene impacto sobre toda la economía. En las últimas semanas se han sucedido anuncios de nuevas inversiones en el sector, pero son hechos aislados que -a juicio de los expertos- no conforman una nueva ola de inversiones multimillonarias, como la que ya protagonizó en sector hace una década.

Hacia fines de abril, el gobierno anunció con bombos y platillos que la empresa Molinos Río de la Plata iba a invertir alrededor de 1.000 millones de pesos para la ampliación de su planta de almacenamiento ubicada en San Lorenzo, unos kilómetros al norte de Rosario.

Luego se supo que el grupo Amaggi, perteneciente al ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, invertiría 100 millones de dólares en la construcción de su propia terminal portuaria en esa misma región, ya que en 2015 esa firma exportó 1,5 millones de toneladas de granos desde instalaciones alquiladas.

Finalmente, este martes el sitio rosarino PuntoBiz anticipó que otra de las grandes jugadoras, la aceitera Renova (cuyos accionistas son el grupo estadounidense Glencore y la argentina Vicentín), decidió activar una inversión de 150 millones de dólares para levantar un nuevo puerto y una planta de almacenaje en su complejo de Timbúes. El proyecto incluirá un espacio para el amarre de barcazas con el que buscan sumarse al negocio de procesar granos importados de Paraguay.

En base a estas informaciones, Clarín preguntó a un referente de la industria si estábamos frente a una posible nueva ola de inversiones en el sector, como las que sucedieron primero en la década de los noventa y luego en los primeros años de los 2000. El ejecutivo se mostró muy cauto frente a esa posibilidad. Y aclaró que, a diferencia de aquellos momentos, las actuales inversiones se dirigen a solucionar problemas de logística (puertos y silos) y no a incrementar la capacidad de molienda del complejo aceitero.

En ese sentido, el industrial señaló que las inversiones de la década pasada permitieron elevar la capacidad instalada del sector hasta entre 62 y 65 millones de toneladas anuales, un volumen potencial que todavía se encuentra muy por encima de la oferta local de soja y girasol, que ronda las 58 millones de toneladas y que se reduce todavía más debido a las exportaciones de granos de soja sin procesar, especialmente hacia China.

El especialista, en este contexto, considera que la producción local de oleaginosas debería crecer bastante más para justificar nuevas ampliaciones de las plantas de molienda. De dicha capacidad, hay entre 7 y 8 millones de toneladas que corresponden a tecnologías viejas de "crushing", que deberían ser renovadas. Pero tampoco aquí se ven planes en lo inmediato.

"De todos modos, estimo que podría haber algunas nuevas inversiones, pero solo si antes el gobierno devolviera el monto de IVA que retiene del sector", dijo la fuente. Ese pasivo llegaría a la friolera de 1.600 millones de pesos. 

Fuente: ieco.clarin.com, 22/06/16

Otras Noticias

  • Semillas: EE.UU. pide mejoras para la propiedad intelectual

    Un documento de la Oficina del Representante de Comercio de ese país critica una norma de 2015 y proyectos de ley que están en el Congreso para ser tratados

    El gobierno de Donald Trump continúa atento a la situación de la propiedad intelectual en semillas en la Argentina, entre otros temas de derechos, y, de hecho, identificó esta problemática en un reciente informe oficial.

    En un escrito de 74 páginas, llamado "Special 301 Report" (Informe 301), del 1° de junio pasado, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), que interviene en el ámbito del comercio recomendando políticas para el presidente, brinda un panorama sobre diversos problemas de acceso de los Estados Unidos en distintos mercados y, entre otros países, en sus páginas 51 y 52 se detiene sobre la Argentina.

    Allí sostiene que "la Argentina continúa presentando desde hace mucho tiempo deficiencias" en la protección y aplicación de la propiedad intelectual. Menciona que la feria La Salada ofrece a la venta mercaderías "falsificadas".

    Luego señala que la innovación en industrias, como la química, farmacéutica y de biotecnología, como la que se utiliza aplicada para el agro "enfrenta desafíos". En este punto, en referencia a la biotecnología agrícola avanza en un cuestionamiento a la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que introdujo modificaciones en las directrices de patentamiento.

    En opinión del sector industrial, esos cambios durante el gobierno anterior pusieron condiciones más restrictivas en la forma en la cual se reconocen las distintas construcciones genéticas en la biotecnología vegetal. Sobre esto, el informe del USTR señala que "limita también la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas basadas en la materia viva y las sustancias naturales".

     

    "Estas medidas han interferido con la capacidad de las empresas que invierten en la Argentina para proteger su IP (propiedad intelectual) y pueden ser incompatibles con las normas internacionales", agrega el reporte oficial.

    Una fuente vinculada con la industria semillera coincidió y agregó: "Claramente, este gobierno debería eliminarla si quiere promover inversiones". Hay expectativa por la visita al país, sin fecha por el momento, del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ya que trascendió que estos temas vinculados con el agro estarán en su agenda.

    El informe también critica proyectos para modificar la actual ley de semillas. La ley vigente, 20.247, fue sancionada en 1973, cuando la soja apenas existía (376.600 hectáreas, contra las casi 20 millones de hectáreas de hoy) y no había desarrollos de eventos transgénicos en agricultura. Esa norma contempla que el productor pueda hacer sin limitaciones el uso propio, la figura que le permite guardarse como semilla parte de la cosecha para volver a sembrar.

    Las empresas insisten que debe limitarse ese uso propio y que se pague. El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto que dice que el productor pagará por la tecnología incorporada en la semilla que se reserve para uso propio durante los tres años siguientes a la compra. A partir del cuarto año deja de pagar, si es que mantiene constante la cantidad de hectáreas sembradas. Deja exentos del pago, entre otros, a los agricultores anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). El sector industrial exige que los pagos deben ser por un plazo mayor.

    En tanto, entre otras propuestas, una iniciativa del presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Gilberto Alegre, propone que una sociedad de gestión colectiva público-privada cobre por las regalías y reparta lo recaudado entre las empresas. Vale recordar que en el Congreso hay nueve proyectos por semillas.

    Según el USTR, si bien pueden ser "bien intencionados" los proyectos, pueden "afectar negativamente" para que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual. El informe concluye que los Estados Unidos esperan "resultados tangibles, creando así un ambiente más atractivo para la inversión y la innovación". Desde principios de año, entidades del agro y de la industria vienen trabajando en la búsqueda de consensos, entre otros temas, para limitar el uso propio y que se pague.

    La pelea por las semillas

    21,7 por ciento de los productores declaró haber comprado semilla fiscalizada de soja en la campaña 2015/2016, según el Inase 78,3 por ciento de los agricultores sembró en esa campaña semilla de uso propio

     

    Fuente: La Nación

  • Paraguay: impulsan un 15% de retenciones para la exportación de granos

    El próximo jueves se debatirá un proyecto acordado entre el gobierno y la oposición; los productores harán un tractorazo

    ASUNCIÓN.- Cámaras empresarias de Paraguay rechazaron un proyecto para gravar la exportación de granos, que podría ser tratado esta semana en el Senado y despertó temores sobre otras reformas económicas en un año electoral, consignó Reuters.

    El tratamiento de la iniciativa, que fija un impuesto de 15% a los granos, forma parte de un pacto entre el oficialismo y un sector de la oposición que le permitió al presidente Horacio Cartes recuperar el control del Congreso

    Los empresarios expresaron preocupación por la "inestabilidad política" que afecta la "previsibilidad necesaria para las inversiones y el clima de negocios", según un comunicado firmado por asociaciones de industriales, ganaderos y productores agrícolas y divulgado en una rueda de prensa.

    "Digamos a este Gobierno que se está equivocando y nos está usando como moneda de cambio para tener mayoría en un poder del Estado", dijo Rubén Morínigo, representante de la Coordinadora Agrícola del departamento Itapúa, principal zona productiva del país.

    El acuerdo político acercó al movimiento de Cartes con la coalición izquierdista Frente Guasu, que busca desde hace años impulsar el proyecto. El líder de la agrupación, el ex presidente Fernando Lugo, fue elegido la semana pasada titular del Senado y del Congreso.

    Los defensores del proyecto sostienen que el sector agrícola, y especialmente el de soja, tributa muy poco en relación a sus ingresos, que superaron los 3000 millones de dólares en exportaciones el año pasado, según datos oficiales.

    Sus detractores aseguran que el gravamen destruirá una de las actividades más dinámicas de la economía porque reducirá casi a la mitad el volumen de producción de granos, cuyo cultivo dejará de ser rentable. Los cámaras empresarias anunciaron una movilización con tractores pasado mañana.

    Los productores del cuarto exportador mundial de soja, que recogerán unas 10 millones de toneladas en esta campaña, tributan IVA y un Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro) pero no pagan un impuesto a la exportación. El proyecto podría ser estudiado el jueves.

    En tanto, según consignó el diario La Nación de Paraguay, el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira indicó que la ley afectará a toda la economía. En un estudio que realizó dijo que el sector agrícola inyecta US$ 5000 millones a la economía y con estas nuevas medidas se podría dar una reducción de US$ 2000 millones cada año.

    De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en el último ciclo agrícola, 2016/2017, Paraguay produjo 10,3 millones de toneladas de soja, contra 9,2 millones de toneladas de la campaña 2015/2016. Sus exportaciones de la campaña 2016/2017 fueron de 6,3 millones de toneladas. De este volumen vendido al exterior, cerca de un millón fue a la Argentina.

    Fuente: Reuters y La Nación de Paraguay

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