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Se insiste con el régimen cuyo destino final sea el reúso para producir biocombustibles

El diputado provincial socialista Antonio Juan Bonfatti (PS-FPCS), presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, acompañado de sus pares de bloque: Rubén Darío Galassi (PS-FPCS), Omar Martínez (PS-FPCS) y Oscar Pieroni (PS-FPCS), mediante el Proyecto de Ley (Expediente 31182 CD-FP-PS) de su autoría y suscripto por los nombrados, ingresado el jueves 19 de mayo de 2016 por mesa de movimiento, réplica del Mensaje 4072 presentado el 13 de febrero de 2013 en su carácter de gobernador de la Provincia y que perdiera estado parlamentario por falta de tratamiento en tiempo y forma, insiste con la iniciativa por la cual se establece el Régimen de Control y Gestión Integral de los Aceites Vegetales y Grasas de Frituras Usadas (Aceites Vegetales Usados: “AVUS”), cuyo destino final sea su reuso para la producción de biocombustibles.

Se establece, en cuanto a la tasa de evaluación y fiscalización y los contribuyentes responsables del pago de la tasa prevista, puntualmente, que los contribuyentes: transportistas, almacenadores y operadores de los “AVUS”, abonarán: 1.500 Módulos Tributarios por cada tonelada o fracción de “AVUS” que operen. En el caso de que el sujeto pasivo de la tasa cumpla a su vez la función de transportista y/o almacenador, la tasa a abonar será de 3.000 Módulos Tributarios.

Se estipula que los transportistas, almacenadores y operadores de “AVUS” y los productores de biocombustibles, deberán abonar una tasa de evaluación y fiscalización, cuyo monto fija la Ley Impositiva Anual por la retribución de las tareas de gestión y control integral de los “AVUS”. En relación a la base imponible, los transportistas, almacenadores y operadores pagarán una tasa del 3% por cada tonelada o fracción que transporten, almacenen, operen y/o produzcan. El importe de la misma será el resultado de aplicar este porcentaje sobre el precio de cotización de la tonelada de aceite de girasol a la fecha de pago de la tasa, según cotización del Mercado de Granos de la Bolsa de Comercio de Rosario. En caso de que los sujetos pasivos de la tasa coincidan en una misma persona física o jurídica, la tasa a abonar será del 6%.

Cabe destacar que el Proyecto de Ley (Expediente 31182 CD-FP-PS) del diputado provincial socialista Antonio Juan Bonfatti (PS-FPCS) y otros, que estudian las comisiones internas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe desde el 19 de mayo de 2016, nuevamente, réplica del Mensaje 4072 del 13 de febrero de 2013, con media sanción del Senado y pérdida de estado parlamentario en la Cámara de Diputados durante la anterior gestión, consta de 39 artículos cuidadosamente elaborados y dos anexos mediante los cuales se establece el Régimen de Control y Gestión Integral de los “Aceites Vegetales y Grasas de Frituras Usadas” (Aceites Vegetales Usados) (AVUS), cuyo destino final sea su reúso para la producción de biocombustibles.

Los Aceites Vegetales Usados (AVUS) constituyen residuos con características de nocividad o toxicidad y, por ello, requieren de un control y gestión integral que contemple la regulación de su generación, manipulación, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y valorización para la producción de biocombustibles y, eventualmente, su disposición final, pues una gestión inadecuada de los mismos impacta negativamente en el ambiente y puede producir daños a la salud de las personas.

La finalidad primaria del régimen que se propone, es la de destinar los AVUS a la producción de biocombustibles en la Provincia de Santa Fe mediante la mezcla de los AVUS tratados con aceites vegetales no utilizados, o bien directamente, producir biocombustibles exclusivamente con AVUS. A su vez, la finalidad secundaria del régimen propuesto es la prevención de la contaminación y la preservación del ambiente y la salud de las personas, particularmente, evitando disponer de los AVUS de una forma no prevista por el proyecto de ley que se propone. La República Argentina, con una capacidad instalada de casi tres millones de toneladas, es el segundo productor de biocombustibles mundial y uno de los principales exportadores.

La mayoría de las aceiteras que alimentan la producción de biocombustibles se localizan en la Provincia de Santa Fe y es por ello que la producción de aceites se encuentra fuertemente concentrada en nuestra provincia. Según información de la Cámara Aceitera de la República Argentina y la Asociación Argentina de Grasas y Aceites, el consumo total de aceites vegetales en la provincia rondaría los 55 millones de litros de aceites, equivalente a 50.000 toneladas aproximadamente, y un 30% del total consumido, es decir 15.000 toneladas, se comercializa a industrias, grandes restaurantes y cadenas de comidas rápidas, establecimientos en los que resultaría muy sencillo recuperar los aceites vegetales usados.

Sin embargo, en la Provincia de Santa Fe existe un mercado informal de recolección, transporte, almacenamiento y tratamiento de AVUS con destino final a la producción de biocombustibles, aunque también se desconoce el destino último de los mismos, es decir si realmente se utilizan en la producción de biocombustibles, o si vuelven a reutilizarse como insumo en productos alimenticios reincorporándose al circuito de comercialización de productos para consumo humano. Cabe aclarar que el Código Alimentario Argentino en su artículo 552 bis, considera no aptos a los AVUS para su utilización para el consumo humano bajo determinados parámetros, pues pueden resultar perjudiciales para la salud.

La redacción sugerida establece en primer lugar una serie de disposiciones generales, define a los AVUS y establece el objeto del proyecto y su autoridad de aplicación que podrá formalizar convenios con Municipios y Comunas a fin de implementar en sus respectivas jurisdicciones el control y fiscalización de las disposiciones contenidas en el régimen que se propone, en cuyo caso éstos percibirán hasta el 30% de la Tasa Anual de AVUS. Se incorpora la figura del “Manifiesto”, documento en el cual quedan debidamente documentadas las distintas etapas de la gestión integral de los AVUS hasta llegar a su destino final, su utilización para la producción de biocombustibles.

Se definen a los generadores, transportistas, almacenadores, operadores y productores de biocombustibles alcanzados por el presente y se establecen para los mismos una serie de obligaciones y, con la finalidad de ordenar y sistematizar el proceso de gestión integral de AVUS, se propone la creación de un “Registro” bajo la órbita de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Estado de la Energía, donde se inscribirán voluntariamente o de oficio.

Se propone, además, la creación de una “Tasa de Evaluación y Fiscalización” (TEF) de AVUS que deberán abonar los sujetos inscriptos en el Registro, herramienta fiscal que garantiza las prestaciones y funciones de contralor y gestión de los AVUS. Se establecen, de igual modo, las infracciones y sanciones al régimen propuesto, pues conforme el criterio de división de las funciones en el ejercicio del poder estatal, le corresponde al Poder Legislativo legislar sobre las sanciones a aplicar y respecto a las multas, establecer su quantum, criterio que ha sido expresado por la Fiscalía de Estado; fundamentó el diputado provincial socialista Antonio Juan Bonfatti (PS-FPCS), presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, acompañado de sus pares de bancada: Rubén Darío Galassi (PS-FPCS), Omar Martínez (PS-FPCS) y Oscar Pieroni (PS-FPCS), el Proyecto de Ley (Expediente 31182 CD-FP-PS) de su autoría y suscripto por los nombrados, ingresado el jueves 19 de mayo de 2016 por mesa de movimiento, réplica del Mensaje 4072 del 13 de febrero de 2013 que, con media sanción del Senado, perdiera estado parlamentario durante la anterior gestión, razón por la cual se insiste nuevamente con la iniciativa, no sin antes reiterar que “los Municipios y Comunas podrán percibir hasta el 30% de lo recaudado en concepto de multas generadas en sus respectivas jurisdicciones”.

Fernando Brosutti/El Protagonista

Fuente: biodiesel.com.ar, 30/05/16

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  • Bolivia apuesta fuerte al bioetanol para mejorar la calidad de sus combustibles

    Bolivia está a puertas de iniciar la producción masiva de bioetanol para sustituir la importación de aditivos para gasolina y diésel, utilizados para mejorar el rendimiento de ambos combustibles, luego de realizarse pruebas que han sido calificadas como "óptimas".

    El proyecto está en gran medida relacionado con el ingenio azucarero de Guabirá, de administración privada, situado en la ciudad de Montero colindante con Santa Cruz, la urbe más grande y poblada de Bolivia, y al que podrían sumarse otras plantas del país.

    En declaraciones a los medios durante una visita organizada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el presidente del directorio del ingenio azucarero Guabirá, Mariano Aguilera, destacó que con la producción del combustible "no vamos a importar" otros aditivos para combustibles.

    Aguilera resaltó el resultado "óptimo" que han dado los primeros 10.000 litros de bioetanol fabricados en el ingenio de Guabirá, que se entregaron a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

    Esta cantidad de combustible se puso a prueba en vehículos de distinta data que recorrieron regiones tropicales y de altitud con buenos resultados, mencionó Aguilera. "En este momento tenemos cinco millones (de litros) para entregar a YPFB", recalcó el empresario. 

    Aguilera señaló que han hecho "grandes inversiones" y que únicamente se aguarda una ley nacional que regule las características de la producción y venta del bioetanol.

    En mayo de este año el Gobierno boliviano y los productores de caña de Santa Cruz acordaron trabajar en la producción de este combustible que implica, entre otras cosas, la extensión del los cultivos de caña.

    Se espera que, para este fin, en los próximos años se inviertan alrededor de 1.500 millones de dólares y que el área de plantación del principal insumo del bioetanol pase de las 151.000 a las 330.000 hectáreas, de acuerdo a estimaciones del IBCE.

    Aguilera citó que Guabirá tiene "en este momento" una capacidad de destilación de 600.000 litros diarios que, pretende se incremente a 1 millón. Al mismo tiempo se pondrá en funcionamiento una planta deshidratadora de alcohol, "la más grande del país", capaz de tratar un millón de litros por día, señaló.

    Aguilera detalló que el proceso de extensión de cultivos de caña de azúcar ya ha comenzado durante esta gestión y que han llegado a las 9.000 hectáreas, que han supuesto una inversión de 9 millones de dólares. "Guabirá tiene planificado invertir más de 40 millones de dólares en dos años", subrayó Aguilera.

    El bioetanol o alcohol anhidro se caracteriza por estar libre de agua mediante un proceso de deshidratación que tiene el objetivo de conseguir un ciento por ciento de consistencia, explicó Samuel Oporto, un ingeniero industrial que trabaja en el ingenio Guabirá.

    Habitualmente se somete a este proceso el alcohol que se extrae de la caña de azúcar o del sorgo, del que se obtiene el alcohol anhidro útil para posteriormente incorporarlo a la gasolina y subir su octanaje.

    Aguilera aseguró que la expansión que este proyecto puede tener "es muy grande" y citó los casos de los países vecinos de Bolivia que han decidido producir el combustible y que en ninguno de ellos se ha retirado de esta producción. "El (país) que ha entrado a la era de los biocombustibles no se ha salido, todos están fomentando", recalcó.

    El empresario añadió que con este proyecto "ganamos todos", en referencia a los trabajadores, empresarios, Gobierno y consumidores. Al respecto, consideró que el bioetanol es un combustible amigable con el medio ambiente, renovable y que además permitirá el ahorro de divisas, hasta ahora destinadas a la importación de aditivos de gasolina.

    Fuente: Clarin

  • Prohibieron el glifosato en Brasil y comenzó una batalla legal

    El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, anunció que el gobierno recurrirá la decisión para intentar revertirla antes de la próxima cosecha. "Suspender el registro de ese producto sería un retroceso ambiental gigantesco", afirmó.

    La decisión llega en momentos en que el gigante agroquímico Monsanto, adquirido recientemente por la alemana Bayer, enfrenta su primer juicio en Estados Unidos por el presunto vínculo entre el cáncer y sus productos a base de glifosato.
     
    El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, quien también es el principal productor de soja del mundo, anunció que el gobierno recurrirá la decisión para intentar revertirla antes de la próxima cosecha.

    "Todo el sistema de siembra directa está basado en el glifosato" y suspender el registro de ese producto "sería un retroceso ambiental gigantesco", afirmó Maggi en declaraciones al diario Valor.

    El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo bajo distintas marcas.

    "Como todos los productos herbicidas, el glifosato es revisado rutinariamente por las autoridades reguladoras para garantizar que pueda ser utilizado de forma segura", afirmó en un comunicado enviado a la AFP la asesoría de Monsanto, una de las principales empresas que produce y comercializa productos a base de glifosato en Brasil.

    Para Monsanto, no existe ningún vínculo entre el glifosato y el cáncer, por lo que no hay motivo alguno para advertir sobre el peligro de utilizar esta sustancia.

    Bayer atribuyó por su lado la orden judicial a una voluntad de "acelerar la actualización (...) de las evaluaciones sanitarias" por parte de Anvisa. "Partimos del principio de que el gobierno brasileño tomará todas las medidas necesarias para anular esa decisión", dijo el grupo alemán a la AFP.

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