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Se insiste con el régimen cuyo destino final sea el reúso para producir biocombustibles

El diputado provincial socialista Antonio Juan Bonfatti (PS-FPCS), presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, acompañado de sus pares de bloque: Rubén Darío Galassi (PS-FPCS), Omar Martínez (PS-FPCS) y Oscar Pieroni (PS-FPCS), mediante el Proyecto de Ley (Expediente 31182 CD-FP-PS) de su autoría y suscripto por los nombrados, ingresado el jueves 19 de mayo de 2016 por mesa de movimiento, réplica del Mensaje 4072 presentado el 13 de febrero de 2013 en su carácter de gobernador de la Provincia y que perdiera estado parlamentario por falta de tratamiento en tiempo y forma, insiste con la iniciativa por la cual se establece el Régimen de Control y Gestión Integral de los Aceites Vegetales y Grasas de Frituras Usadas (Aceites Vegetales Usados: “AVUS”), cuyo destino final sea su reuso para la producción de biocombustibles.

Se establece, en cuanto a la tasa de evaluación y fiscalización y los contribuyentes responsables del pago de la tasa prevista, puntualmente, que los contribuyentes: transportistas, almacenadores y operadores de los “AVUS”, abonarán: 1.500 Módulos Tributarios por cada tonelada o fracción de “AVUS” que operen. En el caso de que el sujeto pasivo de la tasa cumpla a su vez la función de transportista y/o almacenador, la tasa a abonar será de 3.000 Módulos Tributarios.

Se estipula que los transportistas, almacenadores y operadores de “AVUS” y los productores de biocombustibles, deberán abonar una tasa de evaluación y fiscalización, cuyo monto fija la Ley Impositiva Anual por la retribución de las tareas de gestión y control integral de los “AVUS”. En relación a la base imponible, los transportistas, almacenadores y operadores pagarán una tasa del 3% por cada tonelada o fracción que transporten, almacenen, operen y/o produzcan. El importe de la misma será el resultado de aplicar este porcentaje sobre el precio de cotización de la tonelada de aceite de girasol a la fecha de pago de la tasa, según cotización del Mercado de Granos de la Bolsa de Comercio de Rosario. En caso de que los sujetos pasivos de la tasa coincidan en una misma persona física o jurídica, la tasa a abonar será del 6%.

Cabe destacar que el Proyecto de Ley (Expediente 31182 CD-FP-PS) del diputado provincial socialista Antonio Juan Bonfatti (PS-FPCS) y otros, que estudian las comisiones internas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe desde el 19 de mayo de 2016, nuevamente, réplica del Mensaje 4072 del 13 de febrero de 2013, con media sanción del Senado y pérdida de estado parlamentario en la Cámara de Diputados durante la anterior gestión, consta de 39 artículos cuidadosamente elaborados y dos anexos mediante los cuales se establece el Régimen de Control y Gestión Integral de los “Aceites Vegetales y Grasas de Frituras Usadas” (Aceites Vegetales Usados) (AVUS), cuyo destino final sea su reúso para la producción de biocombustibles.

Los Aceites Vegetales Usados (AVUS) constituyen residuos con características de nocividad o toxicidad y, por ello, requieren de un control y gestión integral que contemple la regulación de su generación, manipulación, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y valorización para la producción de biocombustibles y, eventualmente, su disposición final, pues una gestión inadecuada de los mismos impacta negativamente en el ambiente y puede producir daños a la salud de las personas.

La finalidad primaria del régimen que se propone, es la de destinar los AVUS a la producción de biocombustibles en la Provincia de Santa Fe mediante la mezcla de los AVUS tratados con aceites vegetales no utilizados, o bien directamente, producir biocombustibles exclusivamente con AVUS. A su vez, la finalidad secundaria del régimen propuesto es la prevención de la contaminación y la preservación del ambiente y la salud de las personas, particularmente, evitando disponer de los AVUS de una forma no prevista por el proyecto de ley que se propone. La República Argentina, con una capacidad instalada de casi tres millones de toneladas, es el segundo productor de biocombustibles mundial y uno de los principales exportadores.

La mayoría de las aceiteras que alimentan la producción de biocombustibles se localizan en la Provincia de Santa Fe y es por ello que la producción de aceites se encuentra fuertemente concentrada en nuestra provincia. Según información de la Cámara Aceitera de la República Argentina y la Asociación Argentina de Grasas y Aceites, el consumo total de aceites vegetales en la provincia rondaría los 55 millones de litros de aceites, equivalente a 50.000 toneladas aproximadamente, y un 30% del total consumido, es decir 15.000 toneladas, se comercializa a industrias, grandes restaurantes y cadenas de comidas rápidas, establecimientos en los que resultaría muy sencillo recuperar los aceites vegetales usados.

Sin embargo, en la Provincia de Santa Fe existe un mercado informal de recolección, transporte, almacenamiento y tratamiento de AVUS con destino final a la producción de biocombustibles, aunque también se desconoce el destino último de los mismos, es decir si realmente se utilizan en la producción de biocombustibles, o si vuelven a reutilizarse como insumo en productos alimenticios reincorporándose al circuito de comercialización de productos para consumo humano. Cabe aclarar que el Código Alimentario Argentino en su artículo 552 bis, considera no aptos a los AVUS para su utilización para el consumo humano bajo determinados parámetros, pues pueden resultar perjudiciales para la salud.

La redacción sugerida establece en primer lugar una serie de disposiciones generales, define a los AVUS y establece el objeto del proyecto y su autoridad de aplicación que podrá formalizar convenios con Municipios y Comunas a fin de implementar en sus respectivas jurisdicciones el control y fiscalización de las disposiciones contenidas en el régimen que se propone, en cuyo caso éstos percibirán hasta el 30% de la Tasa Anual de AVUS. Se incorpora la figura del “Manifiesto”, documento en el cual quedan debidamente documentadas las distintas etapas de la gestión integral de los AVUS hasta llegar a su destino final, su utilización para la producción de biocombustibles.

Se definen a los generadores, transportistas, almacenadores, operadores y productores de biocombustibles alcanzados por el presente y se establecen para los mismos una serie de obligaciones y, con la finalidad de ordenar y sistematizar el proceso de gestión integral de AVUS, se propone la creación de un “Registro” bajo la órbita de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Estado de la Energía, donde se inscribirán voluntariamente o de oficio.

Se propone, además, la creación de una “Tasa de Evaluación y Fiscalización” (TEF) de AVUS que deberán abonar los sujetos inscriptos en el Registro, herramienta fiscal que garantiza las prestaciones y funciones de contralor y gestión de los AVUS. Se establecen, de igual modo, las infracciones y sanciones al régimen propuesto, pues conforme el criterio de división de las funciones en el ejercicio del poder estatal, le corresponde al Poder Legislativo legislar sobre las sanciones a aplicar y respecto a las multas, establecer su quantum, criterio que ha sido expresado por la Fiscalía de Estado; fundamentó el diputado provincial socialista Antonio Juan Bonfatti (PS-FPCS), presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, acompañado de sus pares de bancada: Rubén Darío Galassi (PS-FPCS), Omar Martínez (PS-FPCS) y Oscar Pieroni (PS-FPCS), el Proyecto de Ley (Expediente 31182 CD-FP-PS) de su autoría y suscripto por los nombrados, ingresado el jueves 19 de mayo de 2016 por mesa de movimiento, réplica del Mensaje 4072 del 13 de febrero de 2013 que, con media sanción del Senado, perdiera estado parlamentario durante la anterior gestión, razón por la cual se insiste nuevamente con la iniciativa, no sin antes reiterar que “los Municipios y Comunas podrán percibir hasta el 30% de lo recaudado en concepto de multas generadas en sus respectivas jurisdicciones”.

Fernando Brosutti/El Protagonista

Fuente: biodiesel.com.ar, 30/05/16

Otras Noticias

  • Semillas: EE.UU. pide mejoras para la propiedad intelectual

    Un documento de la Oficina del Representante de Comercio de ese país critica una norma de 2015 y proyectos de ley que están en el Congreso para ser tratados

    El gobierno de Donald Trump continúa atento a la situación de la propiedad intelectual en semillas en la Argentina, entre otros temas de derechos, y, de hecho, identificó esta problemática en un reciente informe oficial.

    En un escrito de 74 páginas, llamado "Special 301 Report" (Informe 301), del 1° de junio pasado, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), que interviene en el ámbito del comercio recomendando políticas para el presidente, brinda un panorama sobre diversos problemas de acceso de los Estados Unidos en distintos mercados y, entre otros países, en sus páginas 51 y 52 se detiene sobre la Argentina.

    Allí sostiene que "la Argentina continúa presentando desde hace mucho tiempo deficiencias" en la protección y aplicación de la propiedad intelectual. Menciona que la feria La Salada ofrece a la venta mercaderías "falsificadas".

    Luego señala que la innovación en industrias, como la química, farmacéutica y de biotecnología, como la que se utiliza aplicada para el agro "enfrenta desafíos". En este punto, en referencia a la biotecnología agrícola avanza en un cuestionamiento a la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que introdujo modificaciones en las directrices de patentamiento.

    En opinión del sector industrial, esos cambios durante el gobierno anterior pusieron condiciones más restrictivas en la forma en la cual se reconocen las distintas construcciones genéticas en la biotecnología vegetal. Sobre esto, el informe del USTR señala que "limita también la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas basadas en la materia viva y las sustancias naturales".

     

    "Estas medidas han interferido con la capacidad de las empresas que invierten en la Argentina para proteger su IP (propiedad intelectual) y pueden ser incompatibles con las normas internacionales", agrega el reporte oficial.

    Una fuente vinculada con la industria semillera coincidió y agregó: "Claramente, este gobierno debería eliminarla si quiere promover inversiones". Hay expectativa por la visita al país, sin fecha por el momento, del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ya que trascendió que estos temas vinculados con el agro estarán en su agenda.

    El informe también critica proyectos para modificar la actual ley de semillas. La ley vigente, 20.247, fue sancionada en 1973, cuando la soja apenas existía (376.600 hectáreas, contra las casi 20 millones de hectáreas de hoy) y no había desarrollos de eventos transgénicos en agricultura. Esa norma contempla que el productor pueda hacer sin limitaciones el uso propio, la figura que le permite guardarse como semilla parte de la cosecha para volver a sembrar.

    Las empresas insisten que debe limitarse ese uso propio y que se pague. El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto que dice que el productor pagará por la tecnología incorporada en la semilla que se reserve para uso propio durante los tres años siguientes a la compra. A partir del cuarto año deja de pagar, si es que mantiene constante la cantidad de hectáreas sembradas. Deja exentos del pago, entre otros, a los agricultores anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). El sector industrial exige que los pagos deben ser por un plazo mayor.

    En tanto, entre otras propuestas, una iniciativa del presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Gilberto Alegre, propone que una sociedad de gestión colectiva público-privada cobre por las regalías y reparta lo recaudado entre las empresas. Vale recordar que en el Congreso hay nueve proyectos por semillas.

    Según el USTR, si bien pueden ser "bien intencionados" los proyectos, pueden "afectar negativamente" para que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual. El informe concluye que los Estados Unidos esperan "resultados tangibles, creando así un ambiente más atractivo para la inversión y la innovación". Desde principios de año, entidades del agro y de la industria vienen trabajando en la búsqueda de consensos, entre otros temas, para limitar el uso propio y que se pague.

    La pelea por las semillas

    21,7 por ciento de los productores declaró haber comprado semilla fiscalizada de soja en la campaña 2015/2016, según el Inase 78,3 por ciento de los agricultores sembró en esa campaña semilla de uso propio

     

    Fuente: La Nación

  • Paraguay: impulsan un 15% de retenciones para la exportación de granos

    El próximo jueves se debatirá un proyecto acordado entre el gobierno y la oposición; los productores harán un tractorazo

    ASUNCIÓN.- Cámaras empresarias de Paraguay rechazaron un proyecto para gravar la exportación de granos, que podría ser tratado esta semana en el Senado y despertó temores sobre otras reformas económicas en un año electoral, consignó Reuters.

    El tratamiento de la iniciativa, que fija un impuesto de 15% a los granos, forma parte de un pacto entre el oficialismo y un sector de la oposición que le permitió al presidente Horacio Cartes recuperar el control del Congreso

    Los empresarios expresaron preocupación por la "inestabilidad política" que afecta la "previsibilidad necesaria para las inversiones y el clima de negocios", según un comunicado firmado por asociaciones de industriales, ganaderos y productores agrícolas y divulgado en una rueda de prensa.

    "Digamos a este Gobierno que se está equivocando y nos está usando como moneda de cambio para tener mayoría en un poder del Estado", dijo Rubén Morínigo, representante de la Coordinadora Agrícola del departamento Itapúa, principal zona productiva del país.

    El acuerdo político acercó al movimiento de Cartes con la coalición izquierdista Frente Guasu, que busca desde hace años impulsar el proyecto. El líder de la agrupación, el ex presidente Fernando Lugo, fue elegido la semana pasada titular del Senado y del Congreso.

    Los defensores del proyecto sostienen que el sector agrícola, y especialmente el de soja, tributa muy poco en relación a sus ingresos, que superaron los 3000 millones de dólares en exportaciones el año pasado, según datos oficiales.

    Sus detractores aseguran que el gravamen destruirá una de las actividades más dinámicas de la economía porque reducirá casi a la mitad el volumen de producción de granos, cuyo cultivo dejará de ser rentable. Los cámaras empresarias anunciaron una movilización con tractores pasado mañana.

    Los productores del cuarto exportador mundial de soja, que recogerán unas 10 millones de toneladas en esta campaña, tributan IVA y un Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro) pero no pagan un impuesto a la exportación. El proyecto podría ser estudiado el jueves.

    En tanto, según consignó el diario La Nación de Paraguay, el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira indicó que la ley afectará a toda la economía. En un estudio que realizó dijo que el sector agrícola inyecta US$ 5000 millones a la economía y con estas nuevas medidas se podría dar una reducción de US$ 2000 millones cada año.

    De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en el último ciclo agrícola, 2016/2017, Paraguay produjo 10,3 millones de toneladas de soja, contra 9,2 millones de toneladas de la campaña 2015/2016. Sus exportaciones de la campaña 2016/2017 fueron de 6,3 millones de toneladas. De este volumen vendido al exterior, cerca de un millón fue a la Argentina.

    Fuente: Reuters y La Nación de Paraguay

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