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Un documento de la Oficina del Representante de Comercio de ese país critica una norma de 2015 y proyectos de ley que están en el Congreso para ser tratados

El gobierno de Donald Trump continúa atento a la situación de la propiedad intelectual en semillas en la Argentina, entre otros temas de derechos, y, de hecho, identificó esta problemática en un reciente informe oficial.

En un escrito de 74 páginas, llamado "Special 301 Report" (Informe 301), del 1° de junio pasado, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), que interviene en el ámbito del comercio recomendando políticas para el presidente, brinda un panorama sobre diversos problemas de acceso de los Estados Unidos en distintos mercados y, entre otros países, en sus páginas 51 y 52 se detiene sobre la Argentina.

Allí sostiene que "la Argentina continúa presentando desde hace mucho tiempo deficiencias" en la protección y aplicación de la propiedad intelectual. Menciona que la feria La Salada ofrece a la venta mercaderías "falsificadas".

Luego señala que la innovación en industrias, como la química, farmacéutica y de biotecnología, como la que se utiliza aplicada para el agro "enfrenta desafíos". En este punto, en referencia a la biotecnología agrícola avanza en un cuestionamiento a la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que introdujo modificaciones en las directrices de patentamiento.

En opinión del sector industrial, esos cambios durante el gobierno anterior pusieron condiciones más restrictivas en la forma en la cual se reconocen las distintas construcciones genéticas en la biotecnología vegetal. Sobre esto, el informe del USTR señala que "limita también la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas basadas en la materia viva y las sustancias naturales".

 

"Estas medidas han interferido con la capacidad de las empresas que invierten en la Argentina para proteger su IP (propiedad intelectual) y pueden ser incompatibles con las normas internacionales", agrega el reporte oficial.

Una fuente vinculada con la industria semillera coincidió y agregó: "Claramente, este gobierno debería eliminarla si quiere promover inversiones". Hay expectativa por la visita al país, sin fecha por el momento, del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ya que trascendió que estos temas vinculados con el agro estarán en su agenda.

El informe también critica proyectos para modificar la actual ley de semillas. La ley vigente, 20.247, fue sancionada en 1973, cuando la soja apenas existía (376.600 hectáreas, contra las casi 20 millones de hectáreas de hoy) y no había desarrollos de eventos transgénicos en agricultura. Esa norma contempla que el productor pueda hacer sin limitaciones el uso propio, la figura que le permite guardarse como semilla parte de la cosecha para volver a sembrar.

Las empresas insisten que debe limitarse ese uso propio y que se pague. El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto que dice que el productor pagará por la tecnología incorporada en la semilla que se reserve para uso propio durante los tres años siguientes a la compra. A partir del cuarto año deja de pagar, si es que mantiene constante la cantidad de hectáreas sembradas. Deja exentos del pago, entre otros, a los agricultores anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). El sector industrial exige que los pagos deben ser por un plazo mayor.

En tanto, entre otras propuestas, una iniciativa del presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Gilberto Alegre, propone que una sociedad de gestión colectiva público-privada cobre por las regalías y reparta lo recaudado entre las empresas. Vale recordar que en el Congreso hay nueve proyectos por semillas.

Según el USTR, si bien pueden ser "bien intencionados" los proyectos, pueden "afectar negativamente" para que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual. El informe concluye que los Estados Unidos esperan "resultados tangibles, creando así un ambiente más atractivo para la inversión y la innovación". Desde principios de año, entidades del agro y de la industria vienen trabajando en la búsqueda de consensos, entre otros temas, para limitar el uso propio y que se pague.

La pelea por las semillas

21,7 por ciento de los productores declaró haber comprado semilla fiscalizada de soja en la campaña 2015/2016, según el Inase 78,3 por ciento de los agricultores sembró en esa campaña semilla de uso propio

 

Fuente: La Nación

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    Así lo consignó el economista Federico Di Yenno de la entidad quien señaló que "el panorama de la industria procesadora de soja es totalmente distinto al de la exportación".

    "A pesar de tener márgenes muy ajustados, el procesamiento se mantiene firme. En agosto, la industria reportó un procesamiento de la oleaginosa de 3,7 millones de toneladas, casi igual al procesado en agosto de 2016", indicó.

    El acumulado del 2017 asciende a 29,3 millones de toneladas, ligeramente por detrás de los 30,1 millones de toneladas del 2016.

    "Esto es debido al fuerte y atípico mes de enero de 2016, que alcanzó las 3,9 millones de toneladas procesadas luego de los cambios a nivel aduanero y macroeconómico que postergaron el procesamiento de la oleaginosa hacia el 2016", sostuvo el especialista.

    El dato que sobresale para este sector industrial es el de importaciones de soja de países vecinos, principalmente del Paraguay.

    Según datos de Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)y Aduana, al 20 de septiembre las importaciones temporarias de soja alcanzaban a 1,4 millones de toneladas para todo el 2017.

    "Este dato más que duplica lo importado a igual fecha del año 2016. A los proveedores tradicionales, se suma Brasil, desde donde se han importado 136.000 toneladas de soja para su procesamiento y posterior exportación de subproductos", manifestó.

    Los años 2007 y 2008 fueron excepcionales, cuando llegaron a importarse 2,2 y 2,8 millones de toneladas de soja, respectivamente.

    Con respecto al mercado del maíz, se marca la diferencia ante el dinamismo, los últimos datos de comercialización señalan que las Declaraciones Juradas de Ventas Externas de exportación de maíz alcanzan las 18,7 millones de toneladas manteniendo un buen ritmo constante los últimos 5 meses y medio.

    "Utilizando datos de Indec, los informes de line-up de Nabsa y datos del SIM Aduana, se puede estimar exportaciones de maíz por aproximadamente 17 millones de toneladas para el período marzo -septiembre", expresó Di Yenno.

    Quedarían pendientes de embarcar 1,7 millones de toneladas de maíz para cumplir con los compromisos declarados por la exportación.

    "Estos compromisos de exportación ya están holgadamente cubiertos en lo que hace a la compra del grano desde el sector exportador. Al 13 de septiembre, los exportadores tenían adquirido unas 20,7 millones de toneladas de maíz", explicó.

    La demanda de China sigue soslayando al mercado de soja argentina en vista de los compromisos asumidos por los exportadores locales.

    Las declaraciones juradas de ventas al exterior de soja alcanzan a 7 millones de toneladas al 20 de septiembre, muy por detrás de los compromisos de exportación a igual altura del ciclo en otras campañas.

    Fuente: AgroClave

     

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