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Un documento de la Oficina del Representante de Comercio de ese país critica una norma de 2015 y proyectos de ley que están en el Congreso para ser tratados

El gobierno de Donald Trump continúa atento a la situación de la propiedad intelectual en semillas en la Argentina, entre otros temas de derechos, y, de hecho, identificó esta problemática en un reciente informe oficial.

En un escrito de 74 páginas, llamado "Special 301 Report" (Informe 301), del 1° de junio pasado, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), que interviene en el ámbito del comercio recomendando políticas para el presidente, brinda un panorama sobre diversos problemas de acceso de los Estados Unidos en distintos mercados y, entre otros países, en sus páginas 51 y 52 se detiene sobre la Argentina.

Allí sostiene que "la Argentina continúa presentando desde hace mucho tiempo deficiencias" en la protección y aplicación de la propiedad intelectual. Menciona que la feria La Salada ofrece a la venta mercaderías "falsificadas".

Luego señala que la innovación en industrias, como la química, farmacéutica y de biotecnología, como la que se utiliza aplicada para el agro "enfrenta desafíos". En este punto, en referencia a la biotecnología agrícola avanza en un cuestionamiento a la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que introdujo modificaciones en las directrices de patentamiento.

En opinión del sector industrial, esos cambios durante el gobierno anterior pusieron condiciones más restrictivas en la forma en la cual se reconocen las distintas construcciones genéticas en la biotecnología vegetal. Sobre esto, el informe del USTR señala que "limita también la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas basadas en la materia viva y las sustancias naturales".

 

"Estas medidas han interferido con la capacidad de las empresas que invierten en la Argentina para proteger su IP (propiedad intelectual) y pueden ser incompatibles con las normas internacionales", agrega el reporte oficial.

Una fuente vinculada con la industria semillera coincidió y agregó: "Claramente, este gobierno debería eliminarla si quiere promover inversiones". Hay expectativa por la visita al país, sin fecha por el momento, del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ya que trascendió que estos temas vinculados con el agro estarán en su agenda.

El informe también critica proyectos para modificar la actual ley de semillas. La ley vigente, 20.247, fue sancionada en 1973, cuando la soja apenas existía (376.600 hectáreas, contra las casi 20 millones de hectáreas de hoy) y no había desarrollos de eventos transgénicos en agricultura. Esa norma contempla que el productor pueda hacer sin limitaciones el uso propio, la figura que le permite guardarse como semilla parte de la cosecha para volver a sembrar.

Las empresas insisten que debe limitarse ese uso propio y que se pague. El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto que dice que el productor pagará por la tecnología incorporada en la semilla que se reserve para uso propio durante los tres años siguientes a la compra. A partir del cuarto año deja de pagar, si es que mantiene constante la cantidad de hectáreas sembradas. Deja exentos del pago, entre otros, a los agricultores anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). El sector industrial exige que los pagos deben ser por un plazo mayor.

En tanto, entre otras propuestas, una iniciativa del presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Gilberto Alegre, propone que una sociedad de gestión colectiva público-privada cobre por las regalías y reparta lo recaudado entre las empresas. Vale recordar que en el Congreso hay nueve proyectos por semillas.

Según el USTR, si bien pueden ser "bien intencionados" los proyectos, pueden "afectar negativamente" para que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual. El informe concluye que los Estados Unidos esperan "resultados tangibles, creando así un ambiente más atractivo para la inversión y la innovación". Desde principios de año, entidades del agro y de la industria vienen trabajando en la búsqueda de consensos, entre otros temas, para limitar el uso propio y que se pague.

La pelea por las semillas

21,7 por ciento de los productores declaró haber comprado semilla fiscalizada de soja en la campaña 2015/2016, según el Inase 78,3 por ciento de los agricultores sembró en esa campaña semilla de uso propio

 

Fuente: La Nación

Otras Noticias

  • Bolivia apuesta fuerte al bioetanol para mejorar la calidad de sus combustibles

    Bolivia está a puertas de iniciar la producción masiva de bioetanol para sustituir la importación de aditivos para gasolina y diésel, utilizados para mejorar el rendimiento de ambos combustibles, luego de realizarse pruebas que han sido calificadas como "óptimas".

    El proyecto está en gran medida relacionado con el ingenio azucarero de Guabirá, de administración privada, situado en la ciudad de Montero colindante con Santa Cruz, la urbe más grande y poblada de Bolivia, y al que podrían sumarse otras plantas del país.

    En declaraciones a los medios durante una visita organizada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el presidente del directorio del ingenio azucarero Guabirá, Mariano Aguilera, destacó que con la producción del combustible "no vamos a importar" otros aditivos para combustibles.

    Aguilera resaltó el resultado "óptimo" que han dado los primeros 10.000 litros de bioetanol fabricados en el ingenio de Guabirá, que se entregaron a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

    Esta cantidad de combustible se puso a prueba en vehículos de distinta data que recorrieron regiones tropicales y de altitud con buenos resultados, mencionó Aguilera. "En este momento tenemos cinco millones (de litros) para entregar a YPFB", recalcó el empresario. 

    Aguilera señaló que han hecho "grandes inversiones" y que únicamente se aguarda una ley nacional que regule las características de la producción y venta del bioetanol.

    En mayo de este año el Gobierno boliviano y los productores de caña de Santa Cruz acordaron trabajar en la producción de este combustible que implica, entre otras cosas, la extensión del los cultivos de caña.

    Se espera que, para este fin, en los próximos años se inviertan alrededor de 1.500 millones de dólares y que el área de plantación del principal insumo del bioetanol pase de las 151.000 a las 330.000 hectáreas, de acuerdo a estimaciones del IBCE.

    Aguilera citó que Guabirá tiene "en este momento" una capacidad de destilación de 600.000 litros diarios que, pretende se incremente a 1 millón. Al mismo tiempo se pondrá en funcionamiento una planta deshidratadora de alcohol, "la más grande del país", capaz de tratar un millón de litros por día, señaló.

    Aguilera detalló que el proceso de extensión de cultivos de caña de azúcar ya ha comenzado durante esta gestión y que han llegado a las 9.000 hectáreas, que han supuesto una inversión de 9 millones de dólares. "Guabirá tiene planificado invertir más de 40 millones de dólares en dos años", subrayó Aguilera.

    El bioetanol o alcohol anhidro se caracteriza por estar libre de agua mediante un proceso de deshidratación que tiene el objetivo de conseguir un ciento por ciento de consistencia, explicó Samuel Oporto, un ingeniero industrial que trabaja en el ingenio Guabirá.

    Habitualmente se somete a este proceso el alcohol que se extrae de la caña de azúcar o del sorgo, del que se obtiene el alcohol anhidro útil para posteriormente incorporarlo a la gasolina y subir su octanaje.

    Aguilera aseguró que la expansión que este proyecto puede tener "es muy grande" y citó los casos de los países vecinos de Bolivia que han decidido producir el combustible y que en ninguno de ellos se ha retirado de esta producción. "El (país) que ha entrado a la era de los biocombustibles no se ha salido, todos están fomentando", recalcó.

    El empresario añadió que con este proyecto "ganamos todos", en referencia a los trabajadores, empresarios, Gobierno y consumidores. Al respecto, consideró que el bioetanol es un combustible amigable con el medio ambiente, renovable y que además permitirá el ahorro de divisas, hasta ahora destinadas a la importación de aditivos de gasolina.

    Fuente: Clarin

  • Prohibieron el glifosato en Brasil y comenzó una batalla legal

    El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, anunció que el gobierno recurrirá la decisión para intentar revertirla antes de la próxima cosecha. "Suspender el registro de ese producto sería un retroceso ambiental gigantesco", afirmó.

    La decisión llega en momentos en que el gigante agroquímico Monsanto, adquirido recientemente por la alemana Bayer, enfrenta su primer juicio en Estados Unidos por el presunto vínculo entre el cáncer y sus productos a base de glifosato.
     
    El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, quien también es el principal productor de soja del mundo, anunció que el gobierno recurrirá la decisión para intentar revertirla antes de la próxima cosecha.

    "Todo el sistema de siembra directa está basado en el glifosato" y suspender el registro de ese producto "sería un retroceso ambiental gigantesco", afirmó Maggi en declaraciones al diario Valor.

    El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo bajo distintas marcas.

    "Como todos los productos herbicidas, el glifosato es revisado rutinariamente por las autoridades reguladoras para garantizar que pueda ser utilizado de forma segura", afirmó en un comunicado enviado a la AFP la asesoría de Monsanto, una de las principales empresas que produce y comercializa productos a base de glifosato en Brasil.

    Para Monsanto, no existe ningún vínculo entre el glifosato y el cáncer, por lo que no hay motivo alguno para advertir sobre el peligro de utilizar esta sustancia.

    Bayer atribuyó por su lado la orden judicial a una voluntad de "acelerar la actualización (...) de las evaluaciones sanitarias" por parte de Anvisa. "Partimos del principio de que el gobierno brasileño tomará todas las medidas necesarias para anular esa decisión", dijo el grupo alemán a la AFP.

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