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Los técnicos del instituto estiman que con buenas prácticas de manejo, para 2020 será posible aumentar la eficiencia, recuperar hasta el 20 % del volumen perdido.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), cada campaña se pierden más de 1.000 millones de dólares en la cosecha de distintos cultivos. Los especialistas del organismo estiman que para 2020, con buenas prácticas de manejo, se podría incrementar la eficiencia, recuperar hasta el 20 % del volumen perdido y ampliar el saldo exportable del país, así como los márgenes económicos de los productores.
La eficiencia de cosecha es un tema que el INTA viene estudiando desde hace décadas. De acuerdo a evaluaciones realizadas por sus técnicos en siete provincias, en la última campaña quedaron 3.815.840 toneladas de granos tiradas en los rastrojos, lo que equivale a más de US$ 1.019 millones.
"Las pérdidas reales durante la cosecha superan los niveles de tolerancia recomendados entre un 25 y un 50 %, según el cultivo", dijio el Ing. Mario Bragachini, coordinador de un proyecto integrador en el marco del Programa Nacional Agroindustria y Agregado de Valor del INTA.
"El desafío del INTA apunta a reducir un 20 % los valores actuales de pérdidas en los próximos tres años, lo que implicaría recuperar –al menos– US$ 204 millones anuales", contó el ingeniero. Además de las disminuciones por pérdida física de granos, "se suma que la cosechadora es la principal responsable del daño mecánico que tiende a provocar mermas durante el almacenamiento y reduce el valor comercial de la producción", explicó.
La base está
Tal como señaló Federico Sánchez, coordinador del Módulo de Eficiencia de Cosecha, "la tecnología necesaria para reducir las pérdidas de cosecha de granos está disponible y avanza día a día. El país mejoró el parque de cosechadoras en cantidad y calidad y posee productores y contratistas de cosecha altamente capacitados".
Actualmente, en Argentina el 65 % del área sembrada es cosechada por contratistas que ofrecen el servicio a los productores. De este modo, "la figura del contratista especializado y tecnológicamente actualizado resulta un aliado para incrementar la eficiencia", sostuvo Sánchez en relación con el impacto que genera el trabajo con actores públicos y privados.
Parque de maquinarias
Según un informe del Módulo de Eficiencia de Cosecha del INTA, en los últimos 15 años el parque nacional de cosechadoras creció un 45 % y se actualizó en un 24 %: el promedio de envejecimiento de las máquinas se redujo de 11,5 años en 2002 a 8,7 años en 2017.
Hoy, hay en circulación 26.164 cosechadoras en el país frente a las 18.000 que había en 2002. José Peiretti, especialista del INTA Salta, afirmó que "el 38 % del parque de cosechadoras está formado por modelos axiales que cosechan casi el 60 % del área sembrada y permiten una trilla más suave y progresiva".
Peiretti afirmó que "el 8 % del parque ya está equipado con cabezales draper que otorgan una gran ventaja a la hora de cosechar soja, trigo, cebada y otros cultivos como colza, garbanzo y porotos, reflejada en una mayor capacidad de trabajo de la máquina y en una trilla con más calidad de grano".
La maquinaria usada en el país para recolectar cultivos graníferos genera un volumen anual de comercialización de casi US$ 400 millones. "A esta cifra, deben añadirse las ventas de acoplados tolvas autodescargables, tractores, cabezales maiceros y girasoleros, drapers, tanques de combustible, talleres rodantes y casillas que, sumadas, representan casi el 50 % de la inversión en maquinaria del mercado interno y posicionan a este rubro como el más importante", detalló, Bragachini.

Buenas prácticas, grandes beneficios
"La metodología de medición de pérdidas es una acción que, en la mayoría de los casos, tiene un costo 'cero' y repercute notablemente en los márgenes de la actividad", aseguró Gastón Urrets Zavalía, especialista del INTA Manfredi. Por eso, recomendó que los productores refuercen la adopción de buenas prácticas y el seguimiento de los lotes. Según el técnico, la mejora de la eficiencia de cosecha no sólo genera beneficios inmediatos como el aumento de la cantidad de granos, sino que resulta estratégica para la siembra posterior. "Una buena siembra directa comienza en la cosecha, aplicando un esquema de manejo dentro del lote y ajustando adecuadamente los equipos", destacó.

Fuente: Infocampo.com

Otras Noticias

  • Semillas: EE.UU. pide mejoras para la propiedad intelectual

    Un documento de la Oficina del Representante de Comercio de ese país critica una norma de 2015 y proyectos de ley que están en el Congreso para ser tratados

    El gobierno de Donald Trump continúa atento a la situación de la propiedad intelectual en semillas en la Argentina, entre otros temas de derechos, y, de hecho, identificó esta problemática en un reciente informe oficial.

    En un escrito de 74 páginas, llamado "Special 301 Report" (Informe 301), del 1° de junio pasado, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), que interviene en el ámbito del comercio recomendando políticas para el presidente, brinda un panorama sobre diversos problemas de acceso de los Estados Unidos en distintos mercados y, entre otros países, en sus páginas 51 y 52 se detiene sobre la Argentina.

    Allí sostiene que "la Argentina continúa presentando desde hace mucho tiempo deficiencias" en la protección y aplicación de la propiedad intelectual. Menciona que la feria La Salada ofrece a la venta mercaderías "falsificadas".

    Luego señala que la innovación en industrias, como la química, farmacéutica y de biotecnología, como la que se utiliza aplicada para el agro "enfrenta desafíos". En este punto, en referencia a la biotecnología agrícola avanza en un cuestionamiento a la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que introdujo modificaciones en las directrices de patentamiento.

    En opinión del sector industrial, esos cambios durante el gobierno anterior pusieron condiciones más restrictivas en la forma en la cual se reconocen las distintas construcciones genéticas en la biotecnología vegetal. Sobre esto, el informe del USTR señala que "limita también la capacidad de patentar innovaciones biotecnológicas basadas en la materia viva y las sustancias naturales".

     

    "Estas medidas han interferido con la capacidad de las empresas que invierten en la Argentina para proteger su IP (propiedad intelectual) y pueden ser incompatibles con las normas internacionales", agrega el reporte oficial.

    Una fuente vinculada con la industria semillera coincidió y agregó: "Claramente, este gobierno debería eliminarla si quiere promover inversiones". Hay expectativa por la visita al país, sin fecha por el momento, del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ya que trascendió que estos temas vinculados con el agro estarán en su agenda.

    El informe también critica proyectos para modificar la actual ley de semillas. La ley vigente, 20.247, fue sancionada en 1973, cuando la soja apenas existía (376.600 hectáreas, contra las casi 20 millones de hectáreas de hoy) y no había desarrollos de eventos transgénicos en agricultura. Esa norma contempla que el productor pueda hacer sin limitaciones el uso propio, la figura que le permite guardarse como semilla parte de la cosecha para volver a sembrar.

    Las empresas insisten que debe limitarse ese uso propio y que se pague. El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto que dice que el productor pagará por la tecnología incorporada en la semilla que se reserve para uso propio durante los tres años siguientes a la compra. A partir del cuarto año deja de pagar, si es que mantiene constante la cantidad de hectáreas sembradas. Deja exentos del pago, entre otros, a los agricultores anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). El sector industrial exige que los pagos deben ser por un plazo mayor.

    En tanto, entre otras propuestas, una iniciativa del presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Gilberto Alegre, propone que una sociedad de gestión colectiva público-privada cobre por las regalías y reparta lo recaudado entre las empresas. Vale recordar que en el Congreso hay nueve proyectos por semillas.

    Según el USTR, si bien pueden ser "bien intencionados" los proyectos, pueden "afectar negativamente" para que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual. El informe concluye que los Estados Unidos esperan "resultados tangibles, creando así un ambiente más atractivo para la inversión y la innovación". Desde principios de año, entidades del agro y de la industria vienen trabajando en la búsqueda de consensos, entre otros temas, para limitar el uso propio y que se pague.

    La pelea por las semillas

    21,7 por ciento de los productores declaró haber comprado semilla fiscalizada de soja en la campaña 2015/2016, según el Inase 78,3 por ciento de los agricultores sembró en esa campaña semilla de uso propio

     

    Fuente: La Nación

  • Paraguay: impulsan un 15% de retenciones para la exportación de granos

    El próximo jueves se debatirá un proyecto acordado entre el gobierno y la oposición; los productores harán un tractorazo

    ASUNCIÓN.- Cámaras empresarias de Paraguay rechazaron un proyecto para gravar la exportación de granos, que podría ser tratado esta semana en el Senado y despertó temores sobre otras reformas económicas en un año electoral, consignó Reuters.

    El tratamiento de la iniciativa, que fija un impuesto de 15% a los granos, forma parte de un pacto entre el oficialismo y un sector de la oposición que le permitió al presidente Horacio Cartes recuperar el control del Congreso

    Los empresarios expresaron preocupación por la "inestabilidad política" que afecta la "previsibilidad necesaria para las inversiones y el clima de negocios", según un comunicado firmado por asociaciones de industriales, ganaderos y productores agrícolas y divulgado en una rueda de prensa.

    "Digamos a este Gobierno que se está equivocando y nos está usando como moneda de cambio para tener mayoría en un poder del Estado", dijo Rubén Morínigo, representante de la Coordinadora Agrícola del departamento Itapúa, principal zona productiva del país.

    El acuerdo político acercó al movimiento de Cartes con la coalición izquierdista Frente Guasu, que busca desde hace años impulsar el proyecto. El líder de la agrupación, el ex presidente Fernando Lugo, fue elegido la semana pasada titular del Senado y del Congreso.

    Los defensores del proyecto sostienen que el sector agrícola, y especialmente el de soja, tributa muy poco en relación a sus ingresos, que superaron los 3000 millones de dólares en exportaciones el año pasado, según datos oficiales.

    Sus detractores aseguran que el gravamen destruirá una de las actividades más dinámicas de la economía porque reducirá casi a la mitad el volumen de producción de granos, cuyo cultivo dejará de ser rentable. Los cámaras empresarias anunciaron una movilización con tractores pasado mañana.

    Los productores del cuarto exportador mundial de soja, que recogerán unas 10 millones de toneladas en esta campaña, tributan IVA y un Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro) pero no pagan un impuesto a la exportación. El proyecto podría ser estudiado el jueves.

    En tanto, según consignó el diario La Nación de Paraguay, el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira indicó que la ley afectará a toda la economía. En un estudio que realizó dijo que el sector agrícola inyecta US$ 5000 millones a la economía y con estas nuevas medidas se podría dar una reducción de US$ 2000 millones cada año.

    De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en el último ciclo agrícola, 2016/2017, Paraguay produjo 10,3 millones de toneladas de soja, contra 9,2 millones de toneladas de la campaña 2015/2016. Sus exportaciones de la campaña 2016/2017 fueron de 6,3 millones de toneladas. De este volumen vendido al exterior, cerca de un millón fue a la Argentina.

    Fuente: Reuters y La Nación de Paraguay

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